Carlos Ramírez López -DRLEY-
Maduro delinquió usurpando el título de presidente e igualmente delinquieron quienes se lo fabricaron, además de Elvis Amoroso y otros del CNE, también Caryslia Rodríguez y los otros del TSJ.
El 17 de diciembre, la jueza Analisa Torres escuchará en Nueva York los argumentos de Nicolás Maduro y Cilia Flores para que sean declarados inmunes como jefe de Estado y primera dama respectivamente. La Fiscalía responde que no hay inmunidad porque Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente desde 2019. Ese no reconocimiento tiene una consecuencia que no debe quedarse en el plano diplomático: si el título es falso, alguien lo fabricó y debe pagar por ello.
Los hechos El 29 de julio de 2024, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, cometiendo un crimen lesa patria, proclamó a Maduro presidente reelecto. Lo hizo fraudulentamente sin haber totalizado todas las actas de escrutinio en un lapso de 48 horas como lo exige el artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. El artículo 147 solo permite excluir de la totalización las actas que no usen el formato aprobado por el CNE, o que estén tan deterioradas que no pueda reconocerse su resultado. Sin embargo, el primer boletín se anunció "con el 80 % de las actas", y ninguna de esas dos excepciones justifica dejar fuera el resto. Tampoco publicó los resultados en la Gaceta Electoral dentro de los 30 días siguientes a la proclamación como le ordena el artículo 155 de esa misma ley. Y nunca dio a conocer los resultados mesa por mesa como el CNE ha acostumbrado a divulgar en elecciones anteriores.
El 22 de agosto, la Sala Electoral del TSJ, presidida por Caryslia Rodríguez, se sumó, haciéndose sus magistrados coautores del gravísimo hecho delictivo certificando esos falsos resultados. Lo hicieron en una sentencia dictada a instancia del propio Maduro. En esa misma sentencia se exhortó al CNE a publicar los resultados conforme al artículo 155, con lo cual se reconoció que el deber legal estaba incumplido, y aun así se certificó lo que no se había publicado. Ninguna norma atribuye a esa Sala la función de sustituir al órgano electoral en la totalización y publicación de resultados. Las actas recogidas por los testigos de mesa y publicadas por la oposición dan la victoria a Edmundo González Urrutia. El 12 de septiembre de 2024, la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios del CNE, del TSJ y de la Asamblea Nacional por impedir un proceso electoral transparente y la publicación de resultados veraces.
Los responsables Denuncio como presuntos responsables de estos hechos, por los actos que constan públicamente, a los siguientes funcionarios:
En el Consejo Nacional Electoral
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, presidente del CNE, quien anunció el resultado y proclamó a Maduro el 29 de julio de 2024. Carlos Enrique Quintero Cuevas, vicepresidente, y las rectoras Rosalba Gil Pacheco y Aimé Nogal, quienes acompañaron a Amoroso en el anuncio del primer boletín que dio por ganador a Maduro.
2) En la Sala Electoral del TSJ, que dictó la sentencia N.° 031 del 22 de agosto de 2024:
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del TSJ y de la Sala Electoral. Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ. Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta.
3) En la Sala Constitucional del TSJ, que el 11 de octubre de 2024 declaró inadmisible la revisión de esa sentencia y la mantuvo firme.
La decisión fue adoptada, sin votos salvados, por sus cinco magistrados: Tania D'Amelio Cardiet, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Luis Fernando Damiani Bustillos y Michel Adriana Velásquez Grillet.
El rector Juan Carlos Delpino no asistió a la proclamación y denunció públicamente irregularidades dentro del CNE, por lo que no lo incluyo en este señalamiento. El Código Penal venezolano en su artículo 316 tipifica los actos públicos falsos como delitos contra la fe pública, que en este caso fueron cometidos por funcionarios en ejercicio de sus atribuciones. Por otra parte, el artículo 317 del mismo Código sanciona la falsedad ideológica: "…el funcionario que hace constar como ciertos hechos que no ocurrieron o que no constan." Los efectos de tales delitos trascienden fronteras, tal fue el título que se exhibió ante Estados, organismos internacionales y tribunales extranjeros. La Constitución es clara: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos (artículo 138). Y el funcionario que ordena o ejecuta actos que violan derechos responde penal, civil y administrativamente, sin poder excusarse en órdenes superiores (artículo 25).
En consecuencia exijo:
Que el Ministerio Público de una Venezuela democrática abra una investigación penal contra los funcionarios señalados en este pronunciamiento. Que, mientras tanto, se preserven todas las pruebas, empezando por el material electoral que el TSJ declaró bajo su resguardo. Que los gobiernos que desconocieron ese resultado mantengan y amplíen las sanciones personales a quienes lo fabricaron. Y que compartan con la justicia venezolana futura la información que hayan reunido. Que la falsificación del resultado se documente ante la Corte Penal Internacional como antecedente de la persecución posterior al 28 de julio. El fraude electoral no es por sí mismo un crimen internacional, pero fue el pretexto de las detenciones masivas que siguieron.
Una exigencia de coherencia
Si el título de Maduro es falso, nada derivado de él puede producir legitimidad de origen: ni la designación de su vicepresidenta ni la sentencia de la Sala Constitucional del 3 de enero de 2026. El reconocimiento que hoy otorga Washington a Delcy Rodríguez como presidenta encargada solo puede entenderse como determinación que en derecho internacional solo corresponde al interés de EE. UU. en lo que su presidente tiene plena autonomía, y en tal virtud es que decidió hacer el citado reconocimiento. El 28 de julio de 2024 los venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia. Es él, como depositario de ese mandato, quien ha planteado nuevas elecciones presidenciales con garantías. Esa es la ruta coherente: no convalidar la cadena de títulos falsos, sino cerrarla, devolviendo la decisión a los electores ante un CNE y un TSJ renovados.
La salida no puede apoyarse en el título de Maduro El plan negociado prevé que, una vez instalados el nuevo TSJ y el nuevo CNE, la presidenta encargada, es decir, Delcy Rodríguez, declare la falta absoluta de la Presidencia y se abra un plazo de seis meses para elegir. Esa fórmula presupone que Maduro fue presidente y que su ausencia es la que se constata. Es la misma premisa que la Fiscalía de los Estados Unidos rechaza en Nueva York y que este pronunciamiento denuncia. Además, el plazo de seis meses no existe en la Constitución.
La convocatoria debe anclarse en el único mandato que emanó de los electores: el de Edmundo González Urrutia. Corresponde a él, como presidente electo, declarar formalmente que no asumirá el cargo y que avala la nueva elección. Así, la falta absoluta que se invoque será la del presidente electo antes de tomar posesión (artículo 233). Esa declaración debe surtir efecto en la fecha en que se instalen el nuevo CNE y el nuevo TSJ. Desde ese momento correrá el lapso constitucional de treinta días, ya con un árbitro capaz de organizar la elección. La nueva elección nacería de la soberanía popular expresada en 2024, y no del título fabricado. Para que esas nuevas autoridades sean legítimas, su designación no puede apoyarse en la Asamblea Nacional electa en 2025, organizada por el mismo CNE que fabricó el resultado de 2024. Debe cumplir condiciones verificables tales como: Candidatos sin militancia partidista y sin participación alguna en la proclamación o la "certificación" de 2024. Una evaluación pública, con expedientes, entrevistas y razones escritas de cada selección. Un poder de veto efectivo de la representación opositora dentro de los comités de postulaciones. La exclusión expresa de todo magistrado o rector que haya intervenido en los actos de 2024.
Si el CNE se designa mediante un comité de expertos sin ratificación parlamentaria, debe declararse como un mecanismo excepcional de transición, sujeto a convalidación por la futura Asamblea legítimamente electa. Y si el proceso negociado no ofrece estas garantías, corresponde al presidente electo, al amparo del artículo 333 de la Constitución, asumir la conducción de la transición con el único fin de convocar elecciones libres. La inmunidad de un jefe de Estado protege a la República, no a quien la usurpa. Y quienes fabricaron esa usurpación deben responder ante la justicia.
Carlos Ramírez López -DRLEY-
Nueva York, noviembre de 2026