TODAVÍA SE PUEDE RECUPERAR

Una propuesta para que el patrimonio robado a Venezuela vuelva a Venezuela

y sirva para reparar a quienes fueron despojados

Septiembre de 2026

Hay una idea que conviene desmontar

Cuando se habla del dinero que se robaron en Venezuela, casi todo el mundo supone dos cosas: que nadie sabe dónde está, y que ya no se puede recuperar. Las dos son falsas, y es importante decirlo con números.

Hoy hay setecientos diecinueve bienes venezolanos identificados en veintiún países: yates, aviones, mansiones, joyas, cuentas bancarias. Su valor ronda los cuatro mil millones de dólares. De esos bienes, doscientos ochenta y siete ya fueron decomisados de manera definitiva por tribunales extranjeros, con sentencia firme. Otros cuatrocientos treinta y dos siguen en discusión: son los que todavía se pueden ganar, o perder.

El desfalco total documentado en expedientes judiciales supera los setenta mil millones de dólares. No es una estimación de sobremesa: es lo que consta en tribunales.

Y ahora la parte que duele

Si los bienes están identificados y hay tribunales dispuestos a decomisarlos, ¿por qué no ha vuelto ni un dólar?

La respuesta es más sencilla y más indignante de lo que uno imagina. Esos tribunales, cuando van a decidir, le piden información a Venezuela. Y Venezuela no contesta. Entonces los casos se cierran. No se pierden por falta de pruebas, ni porque los jueces protejan a los ladrones, ni porque el derecho internacional sea insuficiente. Se pierden porque del otro lado del teléfono no hay nadie.

Un ejemplo entre muchos: en Ginebra, la fiscalía suiza incautó en 2018 el computador de una empresa acusada de sobornar a funcionarios venezolanos. En abril de 2024 el máximo tribunal suizo ordenó devolver ochenta millones de dólares a los investigados, porque en seis años nadie llegó a examinar esos archivos. Ochenta millones que eran nuestros, devueltos por desidia.

No nos falta información. Nos falta un Estado que reclame lo que es nuestro.

Quiénes fueron despojados

El saqueo no tuvo una sola víctima. Tuvo tres, y conviene distinguirlas porque el remedio es distinto para cada una.

Primero, el país entero: los fondos públicos que salieron y se lavaron afuera. Segundo, los particulares a quienes les quitaron lo suyo con papeles firmados por jueces: empresas, comercios, fincas, casas, y medios de comunicación. El caso del diario El Nacional, cuya sede fue ejecutada para cobrar una condena por daño moral, y el de Radio Caracas Televisión, cerrada en 2007 y cuya restitución ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin que nadie cumpliera, son los ejemplos que todos recuerdan.

Y tercero, el grupo más numeroso y el más olvidado: los trabajadores petroleros despedidos tras el paro de 2002 y 2003, a quienes nunca les liquidaron sus derechos. Su fondo de pensiones —que no era dinero del Estado, era su propio ahorro, descontado de su salario— tiene a su favor una deuda de la empresa por dos mil trescientos cuarenta y siete millones de dólares, en pagarés cuyos intereses no se pagan. Por eso hay jubilados de la industria petrolera cobrando pensiones de centavos.

Y aquí está la injusticia mayor. Los inversionistas extranjeros que fueron expropiados demandaron, ganaron y hoy están cobrando: son ellos quienes ejecutan sentencias contra CITGO. Los venezolanos despojados no cobraron nada. Y los jubilados petroleros, que tienen un derecho mejor que el de aquellos, ni siquiera están en la fila.

La propuesta

Que el próximo gobierno democrático cree una oficina con rango de ministerio, dependiente directamente de la Presidencia de la República, dedicada a una sola cosa: recuperar el dinero público robado y con él resarcir a los despojados.

No es una idea abstracta. Está redactada como proyecto de ley, con su exposición de motivos y su articulado, y descansa sobre convenios internacionales que Venezuela ya firmó, en especial la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que obliga a los países a devolver al Estado perjudicado el dinero público malversado.

La oficina buscaría a los responsables en cualquier lugar del mundo, sin límite de tiempo, y procuraría traerlos a juicio en Venezuela por las vías legales: extradición, deportación por el país donde viven cuando su permanencia allí es irregular, revocatoria de asilos obtenidos con mentiras, o entrega negociada a cambio de devolver el dinero y decir dónde está el resto.

Pero la prioridad, y esto es importante entenderlo, son los bienes antes que las personas. Los bienes no huyen a un país sin tratado, no tienen abogados que aleguen persecución política, y son lo único que financia todo lo demás. Cada mes que pasa sin congelarlos, algunos se venden y desaparecen.

La pregunta que todos van a hacer

Y si ese dinero vuelve, ¿quién garantiza que no se lo roben otra vez?

Es la pregunta correcta, y es exactamente la que hacen los gobiernos extranjeros antes de devolver un centavo. Nadie entrega miles de millones a una administración que no ofrezca garantías. Por eso la propuesta trae las garantías escritas en la ley, y no como promesa de campaña:

• El dinero recuperado no entra al presupuesto general. Entra a un fondo con destino fijado por ley, cuentas separadas, auditoría independiente y publicación trimestral de cada bolívar que entra y sale.
• El orden de pago está establecido: primero las víctimas del despojo que no cobraron por otra vía, con preferencia para los créditos laborales y de pensiones.
• La oficina no confisca ni condena a nadie. Reclama y demanda; quien quita bienes es un juez. Sus decisiones deben ser motivadas por escrito y se pueden recurrir en tribunales.
• Un consejo de supervisión con universidades, colegios de abogados, organizaciones civiles, representantes de las víctimas y un observador internacional tiene acceso irrestricto a las cuentas.
• La oficina tiene fecha de vencimiento: diez años, y para prorrogarse debe rendir cuentas ante el Parlamento.
• Sus propios funcionarios declaran su patrimonio al entrar, cada año y al salir. Quien persigue fortunas ajenas debe poder explicar la suya.

Lo que no puede ser

Hay una tentación que conviene descartar de una vez, porque suena bien en una plaza y arruinaría todo: traer a los responsables como sea, por la fuerza, sin importar los procedimientos.

No funcionaría. Tribunales de primer orden han resuelto que un juicio debe anularse cuando el acusado fue traído por medios ilícitos: el atajo terminaría en impunidad definitiva, y esta vez con una sentencia a favor del acusado. Y un país que secuestra personas en el territorio de otro deja de recibir la cooperación judicial de la que depende todo lo demás. Cambiaríamos un preso por cuatro mil millones de dólares.

La persecución tiene que ser implacable en la búsqueda y estrictamente legal en el traslado. No por delicadeza: porque es lo único que funciona.

Qué se pide

Este planteamiento no necesita permiso de nadie para empezar a construirse, pero sí necesita respaldo para llegar a ser política de Estado. Lo que se pide es concreto:

• Que las organizaciones de la sociedad civil, los colegios profesionales, las universidades y los gremios se pronuncien a favor de la creación de esta oficina y del fondo, y lo incorporen a sus agendas.
• Que quienes vayan a ejercer responsabilidades de gobierno se comprometan públicamente con el instrumento, para que no dependa de la voluntad de un funcionario.
• Que los despojados —empresarios, medios, jubilados, extrabajadores— se organicen y documenten sus casos desde ahora, porque el día que exista el registro habrá que llenarlo con expedientes, no con testimonios.
• Que los venezolanos en el exterior aporten lo que sepan y lo que puedan documentar sobre bienes y titularidades en los países donde viven.

Vengo escribiendo sobre esto desde hace años. En abril de 2018 publiqué que la identificación y recuperación de los activos sustraídos al Estado era tarea urgente, y que los instrumentos internacionales para hacerlo ya existían. Han pasado ocho años. Los instrumentos siguen ahí. Los bienes están identificados. Una parte todavía puede rescatarse.

Lo único que ha faltado, todo este tiempo, es un país dispuesto a reclamar lo suyo.

José Enrique Rincón, el empresario preso en El Rodeo por orden de Mirian Morandi, comadre de Cilia Flores. En el caso también tiene metidas sus manos Diosdado Cabello, quien lo acusó de conspirador en una denominada operación “No a la Navidad”, que supuestamente estaría maquinando planes para desestabilizar al gobierno. Aquí los tribunales funcionan como ventanilla de cobro y como arma contra quien estorba. El caso del Grupo Lamar, el mayor productor de camarón del país, lo muestra con aterradora claridad.

No conozco el expediente; conozco lo que se ha publicado y se viene denunciando y eso basta. Un pleito entre socios terminó en la ocupación de un conglomerado entero, en la cárcel para su fundador y en la entrega de sus activos a terceros. Detrás de cada paso aparece la misma pieza: quien controla el circuito judicial controla el resultado.

El caso Lamar: de un pleito societario a la confiscación

José Enrique Rincón fundó el Grupo Lamar en Maracaibo en 1988. Según la prensa, llegó a producir cerca del 70% del camarón venezolano, exportó a Europa y Asia y controló más de 60 negocios, con unos 10.000 empleos. Hoy está preso en El Rodeo I y sus empresas están en otras manos.

Lo publicado por El Pitazo, Versión Final y SeafoodSource permite reconstruir la secuencia:

• 2021. Uno de sus hijos compra el 50% de dos empresas de reciclaje de metales. Surge un conflicto con el otro socio, Juan José Linares Flores.
• 2024. El conflicto pasa a la vía penal. Linares Flores, su esposa y su abogado son detenidos e imputados por apropiación indebida.
• 20 de noviembre de 2024. Detienen al presidente del Circuito Judicial Penal del Zulia, Pedro Velasco, a un fiscal superior y a dos juezas. La prensa los vincula con ese mismo proceso.
• 23 de noviembre de 2024. Diosdado Cabello acusa a Rincón y a sus hijos de conspirar para derrocar a Maduro. Rincón estaba en España por tratamiento médico.
• 28 de noviembre de 2024. Una resolución del Ministerio de Pesca ordena la “ocupación temporal” de las granjas. Se nombra una junta administradora.
• 2025. El grupo pasa a operar bajo el nombre Xia Caribe Mar Miller, ligado al conglomerado turco Miller Holding. La Sala Político-Administrativa del TSJ levanta el velo corporativo y ordena un embargo de hasta 5,64 millones de dólares.
• 14 de junio de 2026. Rincón regresa al país para defenderse y es detenido. Lo acusan de conspiración, traición a la patria y financiamiento del terrorismo. Su familia denuncia que está en huelga de hambre.En menos de dos años, una disputa mercantil entre particulares se convirtió en un caso de “seguridad nacional”. Ese salto no tiene explicación jurídica. Tiene explicación económica: según la Cámara de Comercio de Maracaibo, la actividad camaronera cayó 70% desde 2024, pero los contenedores siguieron saliendo.

Las presidencias de circuito: el poder detrás del juez

En cada estado hay dos cargos que, en teoría, solo administran: la presidencia del Circuito Judicial Penal y la rectoría civil. En la práctica, son la llave de todos los procesos de la región.

La rectoría civil ni siquiera nace de una ley. Su base es un reglamento publicado en la Gaceta Oficial N° 36.794 de 1999. Sus 14 atribuciones son de representación, protocolo y logística: conseguir sedes, organizar la apertura del año judicial, dar credenciales a secretarios. Ninguna le permite tocar una causa concreta.

Y sin embargo, quien ocupa esos cargos decide qué juez conoce cada caso, quién es rotado, quién es suplente y quién pierde el puesto. En un Poder Judicial donde la gran mayoría de los jueces son provisorios y pueden ser removidos sin procedimiento, eso equivale a dictar las sentencias por interpósita persona.

El Zulia lo ilustra mejor que ningún tratado:

• El presidente del Circuito Penal, preso. Pedro Velasco fue detenido por el Sebin y la Dgcim dentro del Palacio de Justicia de Maracaibo, junto con jueces de apelación. La prensa lo vincula con el pleito que desembocó en el caso Lamar.
• Su sucesora, denunciada por lo mismo. Un grupo de abogados pidió a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura investigar a la nueva presidenta. Sostienen que ella “maneja todas las sentencias de los tribunales penales del Zulia” y que los jueces se volvieron simples firmantes. Lo dicen en el anonimato, por miedo a represalias contra sus clientes.
• La coordinadora que pedía comida y dinero. La coordinadora del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes fue destituida y detenida tras difundirse audios en los que recomendaba a los empleados exigir comida y dinero a los ciudadanos para prestar el servicio.El cambio de una cabeza por otra no cambia nada, porque el problema no es la persona: es el cargo. Una figura administrativa sin control, ocupada por agentes del poder político y no por jueces de carrera, se convierte en un peaje. Se denuncia, además, que muchas de estas posiciones han quedado en manos de militares retirados y operadores sin trayectoria jurídica. El patrón viene de arriba: en el propio TSJ, la Sala de Casación Civil, que decide los litigios patrimoniales más grandes del país, tuvo como magistrado a un militar que antes presidió la Corte Marcial.

Por qué hablo de terrorismo judicial

La palabra es fuerte, y la uso a propósito. El terrorismo busca someter mediante el miedo, y este sistema hace exactamente eso con la toga como instrumento.

El método se repite de caso en caso. Primero, un conflicto privado entra al circuito judicial, donde se negocia su desenlace. Después, cuando el negocio en disputa es grande, aparece la acusación política: conspiración, traición a la patria, terrorismo. Esos delitos justifican la detención sin plazo y la ocupación de los bienes. Al final, los activos pasan a administradores designados por el poder, y el propietario queda preso o en el exilio.

El mensaje no va dirigido solo a Rincón. Va dirigido a todo empresario, a todo abogado y a todo juez del país: cualquiera puede ser el próximo, y nadie va a protegerlo. Por eso los abogados del Zulia denuncian sin dar su nombre. Cuando quien acude a los tribunales teme más al juez que a su contraparte, la justicia ha dejado de existir.

Lo que no cambió con el cambio de gobierno

Hay un dato que debería inquietar a quienes creen que la salida de Maduro resolvió el problema. A Rincón lo acusaron en noviembre de 2024, con Maduro en el poder. Pero lo detuvieron en junio de 2026, cinco meses después de la captura de Maduro, con Delcy Rodríguez en la Presidencia. Lo siguen acusando de conspirar contra un gobierno que ya no existe.

Eso prueba que el aparato sigue en pie. Cambiaron las caras, pero las presidencias de circuito, las rectorías y las juntas administradoras siguen funcionando igual. Y los bienes ocupados siguen sin volver a sus dueños.

Cualquier transición que se tome en serio debe empezar por desmontar estas estructuras. Eso significa devolver la administración de los circuitos a jueces de carrera elegidos por concurso, someter esos cargos a control y rendición de cuentas, y revisar uno por uno los procesos en los que se despojó a particulares. Mientras eso no ocurra, el caso Lamar no será una excepción: será el modelo.

Fuentes

• El Pitazo — Audiencia del dueño de Grupo Lamar fue diferida
• El Pitazo — José Enrique Rincón, el magnate camaronero
• Versión Final — Al que fuera “rey del camarón” lo mantienen preso
• SeafoodSource — Venezuelan government accuses shrimp magnate
• Costa del Sol FM — Abogados piden destitución de la presidenta del Circuito Judicial Penal del Zulia
• AlbertoNews — Detienen a jueza destituida en el Zulia
• vLex — Sentencia que transcribe el Reglamento sobre el Juez Rector Civil
• El Nacional — Radiografía del TSJ

Ante la reciente emisión de la Licencia General 5AA sobre el Bono Pdvsa 2020 por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), es un deber alertar a la opinión pública para evitar una peligrosa confusión que pueda afectar gravemente la defensa de los activos de la República en el exterior.

• La Licencia General 5AA no valida los bonos ni cierra el caso: La prórroga otorgada por la OFAC hasta diciembre de 2026 es un escudo temporal de protección administrativa que solo impide temporalmente a los bonistas ejercer prácticas comerciales con dichos títulos. Esta medida del Ejecutivo estadounidense no otorga legitimidad jurídica a los títulos, ni valida la legalidad de los bonos PDVSA 2020, ni sustituye las funciones de los tribunales.
• La batalla judicial sigue abierta: El reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que desestimó la demanda de nulidad de los bonos, no es una sentencia firme ni definitiva. En el derecho procesal estadounidense existen recursos ordinarios y extraordinarios para impugnar esta decisión.
• Alerta sobre el lapso procesal (10 de noviembre): El debate judicial no ha concluido y es urgente actuar. El plazo procesal para presentar el recurso de reconsideración (Rehearing), que es un procedimiento por el cual una de las partes solicita al mismo tribunal que vuelva a examinar un caso o una decisión que ya ha sido emitida ante la misma Corte, posibilidad de ejercerlo que vence de forma perentoria e improrrogable este próximo 10 de noviembre, como lo he estado alertando.Es un imperativo técnico y legal agotar este recurso, así como la posterior solicitud de revisión (Certiorari) ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.Hacemos un llamado formal a los equipos legales a cargo de la representación de los activos de la República a no caer en el letargo de una falsa seguridad jurídica provocada por el anuncio de la OFAC. El alivio administrativo de las sanciones da algo de tiempo, pero no da la razón jurídica.

La defensa del patrimonio nacional se gana en los tribunales, demostrando la inconstitucionalidad y la nulidad de ese Bono. El vencimiento de este 10 de noviembre nos obliga a actuar con la máxima rigurosidad, celeridad y compromiso con la nación.

Mi artículo explicando lo último sobre el caso del Bono Pdvsa 2020 me está generando muchas observaciones y preguntas; la más urgente de contestar la tomo y contesto de inmediato. La pregunta de un lector: ¿Hay que esperar algo más del Segundo Circuito antes de ir a la Corte Suprema?

Ver el artículo:

/analisis/bono-pdvsa-2020-lo-que-se-decidio-y-nadie-lo-ha-explicado

Respuesta: No. El Segundo Circuito ya dictó su sentencia el 27 de octubre y en efecto, se puede ir directamente a la Corte Suprema, pero hay una fecha que importa más: el 10 de noviembre.

Hasta ese día, PDVSA puede pedir que el Segundo Circuito revise el caso con todos sus jueces. Mientras esa petición esté pendiente, el caso se queda en la corte de apelaciones y los acreedores siguen esperando.

Si nadie actúa antes del 10 de noviembre, una semana después el caso vuelve al tribunal de primera instancia. Desde ese momento, los acreedores quedan con el camino más despejado para cobrar, en la medida en que lo permita el Tesoro de Estados Unidos (OFAC). Ir después a la Corte Suprema no detiene eso por sí solo: habría que pedir además que se suspenda el cobro mientras se decide.

En pocas palabras: el plazo que no se puede dejar pasar es el 10 de noviembre. ADVIERTO SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE QUIENES ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PDVSA-CITGO.

Link del artículo:

/analisis/bono-pdvsa-2020-lo-que-se-decidio-y-nadie-lo-ha-explicado

El 27 de octubre de 2026, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva York, confirmó la validez del bono PDVSA 2020. Dicho en palabras simples: los acreedores que tienen ese bono pueden seguir intentando cobrárselo con el 50,1 % de las acciones de CITGO Holding, la empresa que controla la refinadora venezolana en Estados Unidos.

Qué es el bono PDVSA 2020

En 2016, PDVSA tenía que pagar en 2017 unos bonos que no podía cubrir. Para ganar tiempo, el gobierno de Nicolás Maduro, a través de PDVSA, ofreció a los acreedores cambiarlos por bonos nuevos con vencimiento en 2020. A esa operación se le llama canje.

Para convencerlos, PDVSA ofreció dos cosas: más deuda, hasta 1.220 dólares en bonos nuevos por cada 1.000 de los viejos, y una garantía: la mitad más una de las acciones de CITGO. Así, unos 2.800 millones de dólares en bonos viejos se convirtieron en unos 3.366 millones en bonos nuevos. En octubre de 2019 no se pagó la cuota de casi 1.000 millones de dólares. Desde entonces, los acreedores reclaman su dinero y la garantía sobre CITGO.

Qué ha pasado en tribunales

• Octubre de 2019. La junta ad hoc de PDVSA, designada por la Asamblea Nacional electa en 2015, demandó en Nueva York la nulidad del bono. Su argumento: el artículo 150 de la Constitución exige la aprobación de la Asamblea Nacional, y esa aprobación nunca existió.
• Octubre de 2020. La jueza Katherine Polk Failla falló a favor de los acreedores aplicando solo la ley de Nueva York, sin examinar la Constitución venezolana.
• 2022 a 2024. PDVSA apeló. La corte de apelaciones consultó al máximo tribunal del Estado de Nueva York, que en febrero de 2024 respondió que la validez del bono debía juzgarse con la ley venezolana. El primer fallo quedó sin efecto y el caso volvió a la jueza.
• Septiembre de 2025. La jueza Failla, ahora aplicando la Constitución venezolana, volvió a declarar válido el bono y la garantía sobre CITGO.
• 27 de octubre de 2026. El Segundo Circuito confirmó esa decisión. Para la corte, el artículo 150 solo exige aprobación legislativa para los contratos de la República, no para los de una empresa con personalidad jurídica propia como PDVSA. Tampoco dio efecto a las resoluciones de la Asamblea Nacional contra el bono, porque el bono y la garantía están en Nueva York, fuera del territorio venezolano.Esto no significa que los acreedores se queden con CITGO mañana. La ejecución sigue dependiendo de las licencias del Departamento del Tesoro (OFAC) y del proceso de venta de las acciones de PDV Holding que se tramita en Delaware.

La responsabilidad del gobierno de Maduro

El origen de este problema está en Caracas, no en Nueva York. El gobierno corrupto de Maduro comprometió a CITGO a espaldas de la Asamblea Nacional, que en septiembre de 2016 rechazó expresamente esa garantía.

Además, fue un mal negocio para el país. El canje no trajo un solo dólar fresco: solo aplazó deudas viejas, aumentó lo que se debía y puso como prenda la principal empresa venezolana en el exterior.

Y queda la pregunta de fondo: ¿qué se hizo con el dinero que PDVSA tomó prestado con esos bonos originales? Nadie lo ha explicado. Mientras tanto, tribunales de Florida han condenado a altos funcionarios de la tesorería venezolana por lavado de dinero y corrupción. Los venezolanos tenemos derecho a saber adónde fue ese dinero antes de que se entregue CITGO para pagarlo.

Una defensa insuficiente

La culpa no es solo de quien emitió el bono. A mi juicio, quienes han tenido a cargo la defensa de PDVSA y CITGO desde 2019 tampoco estuvieron a la altura. Señalo cuatro fallas:

• Un mensaje contradictorio. En mayo de 2019, la junta ad hoc pagó unos 71 millones de dólares en intereses de este mismo bono. Meses después pidió a los tribunales que lo declararan nulo.
• Todo a una sola carta. La estrategia apostó a una tesis que tenía en contra una interpretación de la Sala Constitucional del TSJ de 2002 y la práctica de décadas de PDVSA de no someter su deuda a la Asamblea. Siete años después, esa apuesta perdió.
• La pregunta que nadie hizo. Como ha señalado la economista Rosana Sosa García, ningún juez tuvo ante sí un solo documento sobre el origen de los fondos detrás del bono. Nunca se exigió una auditoría forense.
• Sin plan B. En siete años no se construyó una solución negociada que protegiera a CITGO. Su protección ha dependido de las prórrogas sucesivas del Tesoro estadounidense.El error del fallo y el llamado a recurrir

La corte dice que el artículo 150 solo se aplica a los contratos de la República. Pero eso no es lo que dice la Constitución. El artículo 150 habla de contratos de interés público municipal, estadal o nacional, y prohíbe celebrarlos con Estados extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela sin aprobación de la Asamblea Nacional. No dice quién debe firmarlos: dice qué interés comprometen.

Entregar en garantía la mitad más una de las acciones de CITGO a acreedores extranjeros es, sin duda, un asunto de interés público nacional. Sé que los tribunales se apoyaron en una interpretación del TSJ de 2002. Pero esa interpretación restringe lo que la Constitución no restringe, y una sentencia no puede reformar la Constitución.

La vía judicial no está cerrada. Quien hoy represente legalmente a PDVSA todavía puede:

• Pedir al Segundo Circuito que revise el caso con todos sus jueces (rehearing en banc). El plazo es corto: unos 14 días desde el fallo, es decir, hasta alrededor del 10 de noviembre de 2026.
• Pedir a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise el caso (certiorari), dentro de los 90 días siguientes.Son recursos difíciles y excepcionales, pero no ejercerlos sería renunciar a defender a CITGO. Hago un llamado público a interponerlos, y a exigir una auditoría forense del origen de los fondos antes de que cualquier acción de CITGO cambie de manos.

CITGO todavía se puede defender

El bono PDVSA 2020 es el resultado de dos fracasos: el de un gobierno que hipotecó CITGO sin rendir cuentas, y el de una defensa que no supo protegerla. Los venezolanos no debemos aceptar ninguno de los dos en silencio. CITGO todavía se puede defender, pero el tiempo corre.

Carlos Ramírez López (Dr. Ley)

La frase que pasó casi inadvertida en la prensa no debería haberse hecho. A mi juicio, es una declaración desafortunada que contradice la posición que Venezuela debió sostener y que aún le conviene mantener ante los tribunales estadounidenses.

Lo que se decidió en Delaware

Conviene recordar con precisión lo que ocurrió. En 2018, la Corte Federal de Distrito de Delaware, en el caso Crystallex, concluyó que PDVSA era alter ego de la República Bolivariana de Venezuela. Aplicó la doctrina del caso Bancec, que permite desconocer la personalidad separada de una empresa estatal cuando el Estado ejerce sobre ella un control extenso, que va más allá de lo que haría un accionista ordinario. El Tercer Circuito confirmó esa decisión en 2019.

Con base en ella, se embargaron las acciones que PDVSA posee en PDV Holding, la sociedad dueña indirecta de CITGO. Esas acciones fueron llevadas a subasta, y el tribunal aprobó la oferta de Amber Energy, filial del fondo Elliott, por unos 5.900 millones de dólares.

Entre los hechos que pesaron para declarar esa identidad entre el Estado y su empresa estuvo, precisamente, que el gobierno nombraba y removía a la dirigencia de PDVSA y de sus filiales según sus conveniencias políticas. La defensa venezolana sostuvo lo contrario: que se trataba de personas jurídicas distintas, con patrimonio, registros y gobierno corporativo propios. Esa tesis perdió.

Una incoherencia innecesaria

Perdida en un caso, la tesis de la separación entre el Estado y sus empresas sigue siendo la única que protege lo que todavía no está al alcance de los acreedores. Es la línea que cualquier defensa del patrimonio venezolano debería cuidar en cada escrito y en cada audiencia.

La declaración de la abogada Wellington va en sentido inverso. No dice que PDVSA, como accionista, ejerce sus derechos societarios conforme a la ley de Delaware. Dice que un cambio de gobierno en Caracas habilita a las “verdaderas autoridades” para recomponer las juntas de las filiales. Es decir, presenta la conducción de PDVSA, PDV Holding y CITGO como una prolongación de la voluntad política del gobierno de turno.

Eso es exactamente el patrón de control que los acreedores alegaron, y que el tribunal aceptó, para justificar que el patrimonio de PDVSA respondiera por las deudas de la República. Ninguna representación prudente debería ofrecerlo en bandeja de plata, y menos por iniciativa propia pues nadie se lo estaba pidiendo.

El peor foro, el peor momento

La declaración se hizo ante el Tribunal de Apelaciones, en plena revisión de la subasta, con los acreedores atentos a cualquier indicio de control estatal. Lo que se dice en una audiencia queda en el expediente y puede citarse en litigios futuros: contra otros activos de PDVSA, o en intentos de extender la identidad hacia PDV Holding o la propia CITGO, lo que expondría sus bienes y no solo las acciones que los representan.

Y todo ello sin beneficio práctico alguno. El 14 de septiembre, el Departamento del Tesoro actualizó la licencia general aplicable a PDVSA y prohibió expresamente cualquier cambio en la estructura de gobierno de CITGO, CITGO Holding y PDV Holding. Aunque Washington reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez, no ha permitido que PDVSA retome el control de sus filiales en Estados Unidos. La designación anunciada, por tanto, no puede ejecutarse hoy.

Se asumió, pues, un costo argumental cierto a cambio de un anuncio sin efecto.

Lo que pudo decirse

Es justo reconocer la lógica de la abogada. Necesitaba acreditar ante el tribunal quién representa legítimamente a PDVSA, sobre todo después de que los abogados anteriores se retiraran del caso por una directriz de la consultoría jurídica de la empresa. El reconocimiento estadounidense del nuevo gobierno era su fundamento natural.

Pero acreditar la representación no exigía anunciar la recomposición de las juntas de las filiales, bastaba con identificar a quién se representa y con qué título, todo lo demás sobraba, y lo que sobra en una audiencia de esta naturaleza rara vez es inocuo.

El episodio, además, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que he planteado por años: quién ejerce válidamente la representación de Venezuela y de sus empresas ante los tribunales y foros extranjeros, y con qué cualidad. Mientras esa pregunta no se responda con rigor, la defensa del patrimonio nacional seguirá expuesta a declaraciones como esta.

Venezuela ya perdió la batalla de la separación jurídica en Delaware. Lo mínimo que cabe exigir a quien hoy la representa es que no siga perdiéndola en voz alta.

Carlos Ramírez López.

Washington proclama la ilegitimidad de Nicolás Maduro cuando le sirve para capturarlo, y la olvida cuando le estorba para entenderse con su sucesora y disponer del petróleo venezolano. Esa doble vara no es solo una contradicción moral. Es una cadena de actos que, tarde o temprano, Estados Unidos tendrá que pagar.

El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses sacaron de Caracas a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Hoy ambos esperan juicio en el Distrito Sur de Nueva York, pero celebrar la captura como lo estamos celebrando no obliga a aplaudir todo lo que vino después.

Un título penal, no un título de conquista

La operación se justificó como apoyo a la ejecución de una orden de arresto. El secretario Rubio lo explicó así al senador Mike Lee: “La fuerza militar se usó para proteger a quienes cumplían esa orden”.

En enero, la acusación contra Maduro tenía cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, y dos cargos de armas. El 8 de octubre la Fiscalía añadió la conspiración para cometer torturas, incluidas víctimas estadounidenses, y extendió a Flores el cargo de narcoterrorismo.

Ese es el título que Washington invocó: un título penal y personal contra dos acusados. Nada en una orden de arresto autoriza tomar el petróleo de un país ni decidir quién lo gobierna. Todo lo que excede ese título queda sin fundamento legal, ni político.

“Al vencedor, el botín”

En agosto, en un mitin en Las Vegas, Trump dijo que la “guerra de 48 minutos” se había pagado muchas veces con el petróleo extraído. Y remató con una máxima antigua: “al vencedor pertenece el botín”.

La versión oficial es otra. Según el Gobierno, el crudo se vende a precio de mercado y el dinero va a una cuenta del Tesoro a nombre de PDVSA, en custodia, para beneficio de los venezolanos. Pero no hay rendición pública de cuentas. Trump ha hablado de más de 13.000 millones de dólares cobrados, y ni el Congreso sabe cuánto se ha desembolsado ni a quién.

Las dos versiones no pueden ser ciertas a la vez. Si el dinero es de Venezuela y está en custodia, no puede haber pagado la guerra. Si pagó la guerra, ya no es custodia: es apropiación. La frase de Trump en Las Vegas es, en rigor, una confesión.

Una legitimidad prestada por el usurpador

Tras la captura, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la “ausencia forzosa” de Maduro y ordenó a Delcy Rodríguez asumir la presidencia como encargada. Trump no la nombró, pero la convalidó: declaró que ella era “ahora la presidenta”. Después la reconoció como única jefa de Estado y en abril le levantó las sanciones.

Aquí está la contradicción de fondo. Washington sostiene desde 2019 que Maduro usurpó el poder, y ha repetido que se robó las elecciones de 2024. Pero el vicepresidente es de libre nombramiento del presidente (art. 236.3 de la Constitución). Si el nombrante no tenía título, la nombrada tampoco. Reconocer a Rodríguez es reconocer un poder derivado del mismo usurpador que se dijo combatir.

Tampoco resiste la figura usada. La “ausencia forzosa” no existe en la Constitución. Aun dentro de ese orden que el chavismo invoca, la falta temporal dura 90 días, prorrogables por 90 más (art. 234). Han pasado más de 290. Y si la falta es absoluta en los primeros cuatro años del período, el art. 233 ordena elecciones en 30 días.

Queda Edmundo González Urrutia. En enero de 2025, Donald Trump lo llamó “presidente electo”. El reconocimiento de gobiernos es una potestad discrecional del presidente de EE. UU., y nadie puede obligarlo a reconocer a González. Pero quien afirma que hubo un robo electoral contradice sus propios actos cuando entrega el poder a los herederos del ladrón y no a la víctima. O dicho de otro modo, si Maduro se robó el resultado electoral implícitamente está reconociendo que la víctima de ese robo -Edmundo González Urrutia- fue el elegido y como tal debió -y debe- reconocerlo como tal.

La factura que heredará Estados Unidos

Los actos de un presidente obligan al Estado que representa. Cuando Trump deje el cargo, las consecuencias de lo hecho en Venezuela seguirán a nombre de Estados Unidos. Son al menos cuatro.

1. Una deuda de restitución. El petróleo es de la nación venezolana: así lo afirma el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales (Resolución 1803 de la Asamblea General de la ONU, 1962). El derecho internacional prohíbe el pillaje (art. 47 del Reglamento de La Haya de 1907 y art. 33 del IV Convenio de Ginebra). Y todo Estado que comete un hecho ilícito debe reparación íntegra (art. 31 de los Artículos de la CDI sobre responsabilidad del Estado). Lo que se llevó como “botín” tendrá que devolverse o pagarse, con sus frutos y así tendrá que sentenciarlo la administración de justicia venezolana y norteamericana, ese será un “legado” que dejará el presidente Trump.

2. Acuerdos anulables. Washington dirá que el gobierno de Rodríguez consintió el arreglo petrolero. Pero el art. 52 de la Convención de Viena declara nulo el tratado obtenido por amenaza o uso de la fuerza. Y la amenaza consta: Trump advirtió a Rodríguez que, si no cooperaba, su destino sería peor que el de Maduro. A eso se suma que quien firmó carecía de cualidad para obligar a la República.

3. Un crédito que cobrará un gobierno legítimo. Hoy nadie reclamará: el gobierno de Caracas depende de Washington. Pero el día que Venezuela tenga autoridades electas, ese crédito será exigible. La confesión de Las Vegas será la prueba central.

4. Un precedente contra sí mismo. Si un Estado puede capturar a un jefe de gobierno extranjero con una orden de arresto nacional y luego quedarse con sus recursos, otros invocarán la misma regla. Estados Unidos pierde autoridad para condenar a Rusia en Ucrania o a cualquier potencia que se apropie de los recursos de un vecino.

Lo que corresponde hacer

La captura de Maduro pudo ser el inicio de la restitución democrática de Venezuela desde donde -sin lugar a dudas- el nuevo gobierno restablecerá las mejores relaciones de todo tipo -el comercio del petróleo incluido- con Estados Unidos, y mal se puede pretender que tal acción se haya convertido en un negocio legal y éticamente repudiable. Para corregir el rumbo, propongo cuatro medidas:

• Que el Congreso de EE. UU. exija una auditoría pública, cuenta por cuenta, del dinero del petróleo venezolano desde el 3 de enero.
• Que esos fondos se mantengan intangibles, a nombre de la República, hasta que exista un gobierno electo que los administre.
• Que se fije un calendario electoral conforme a los arts. 233 y 234, sin más prórrogas de una “ausencia” que la Constitución no conoce.
• Que desde ahora se documente cada barril y cada dólar, para que el futuro gobierno legítimo que Venezuela se de pueda reclamar lo que se le debe.Estados Unidos tiene derecho a juzgar a quienes acusa. No tiene derecho a cobrarse el juicio con el patrimonio de un pueblo. Esa factura llegará, y la pagará Estados Unidos, no Donald Trump ¿o quizás si?

En primer lugar, hay que advertir que en la Constitución no existe esa categoría de “ley constitucional”, y en segundo término, fue ella misma quien, violando el texto, la promulgó a título de presidente de la segunda y fallida Asamblea Constituyente; ahora pide su reforma porque “ha sido mal aplicada”, con lo que culpa a fiscales y jueces que lo hicieron y por ello tendrán que pagar sus gravísimas consecuencias, pero a esto no ha de escapar ella misma.

La citada “ley” no es una ley, ni mucho menos “constitucional” -como el régimen la denomina- porque la emisión de leyes es función privativa de la Asamblea Nacional (CRBV art.187.1) y esta fue producida por una “constituyente” que por lo demás fue fallida, mas sin embargo ha estado siendo aplicada por fiscales y jueces a quienes ahora Delcy Rodriguez culpa “por haberla aplicado mal” y plantea reformarla, pero no se reforma lo que jurídicamente no existe; reformarla sería convalidar la usurpación. Lo que procede es declarar judicialmente su nulidad absoluta.

LAS OTRAS “LEYES CONSTITUCIONALES”

La “Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)” fue decretada y sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente presidida por Diosdado Cabello el 29 de enero de 2020 y publicada en la Gaceta Oficial N° 6.508 Extraordinario; introdujo en ella una serie de elementos que desdibujan su esencia y armó una estructura organizativa para su control político. Veamos: 1. Inclusión de la Milicia Bolivariana como “Quinto Componente Especial”. 2.) Aunque las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) y Zonas de Defensa Integral (ZODI) ya existían, el texto “constitucional” de 2020 afianzó el despliegue a menor escala, enlazando directamente las Áreas de Defensa Integral (ADI) con los cuerpos locales milicianos y organizaciones populares de resistencia en cada sector.

LA “LEY ANTIBLOQUEO”

Bajo el título “Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos”, que se conoce como “Ley Antibloqueo”, fue elaborada personalmente por Nicolás Maduro, según él mismo lo publicó; se puso en vigencia el 9 de octubre de 2020, previa aprobación por la segunda Asamblea Constituyente cuando estaba presidida por Diosdado Cabello. Su uso radicó fundamentalmente en legalizar el cobro de ventas de petróleo en criptomonedas para evadir el rastreo de esos dineros que desde entonces fueron percibidos, todo lo cual generó un oscuro pozo sin fondo para la recepción y manejo de dineros públicos.

I. Leyes que nunca fueron leyes

El instrumento llamado “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” lo dictó en noviembre de 2017 una fallida Asamblea Nacional Constituyente, un órgano sin competencia para hacer leyes.

• Legislar es función exclusiva del Parlamento. El artículo 187, numeral 1, de la Constitución atribuye a la Asamblea Nacional la función de legislar. El artículo 202 define la ley como el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Ningún otro órgano puede dictar leyes.
• Una constituyente existe para redactar una Constitución. El artículo 347 de la CRBV le asigna la facultad para “transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. No la autoriza a dictar leyes en paralelo a las funciones propias de la Asamblea Nacional.
• Su propia convocatoria fue irregular. El artículo 347 reconoce al pueblo como depositario del poder constituyente originario. Sin embargo, la Constituyente de 2017 se convocó por decreto, sin consultar al pueblo mediante referendo.
• Al dictar “leyes”, usurpó funciones. El artículo 138 dispone que “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”. Es una nulidad absoluta y de origen: el acto nunca existió jurídicamente.
• Nunca cumplió su única tarea. La Constituyente se extinguió en diciembre de 2020 sin redactar ninguna Constitución.Las sentencias del TSJ no salvan a la fracasada Constituyente ni legitiman sus arbitrarios actos.

El gobierno ha defendido la Constituyente de 2017 con decisiones de la Sala Constitucional y con la tesis de que ese órgano estaba por encima de la Constitución. Ninguno de esos argumentos se sostiene:

• La sentencia 378 confunde iniciativa con convocatoria. El 31 de mayo de 2017, la Sala Constitucional resolvió que el presidente podía convocar la Constituyente sin referendo, pero el artículo 348 de la CRBV solo le da al presidente la iniciativa. El artículo 347 reserva la convocatoria al pueblo, “depositario del poder constituyente originario”. Una sentencia no puede reescribir la Constitución.
• La doctrina de la “supraconstitucionalidad” no aplica. Proviene de fallos de 1999 sobre la Constituyente de entonces. Aquella asamblea fue convocada por referendo y con bases aprobadas por los electores. La de 2017 actuó bajo una Constitución que regula expresamente el proceso constituyente y que, en su artículo 7, sujeta a todos los órganos del poder público a ella. Un órgano creado y regulado por la Constitución no puede estar por encima de ella.
• El artículo 349 no le da poder para legislar. Ese artículo impide que los poderes constituidos obstaculicen las decisiones de la Constituyente. Pero se refiere a las decisiones propias de su objeto: redactar una nueva Constitución que transforme el Estado. No le transfiere la función legislativa de la Asamblea Nacional ni la potestad de crear tipos delictivos.
• La reserva legal penal no tiene excepciones. Solo una ley de la Asamblea Nacional puede tipificar delitos y fijar penas (artículos 49.6, 156.32, 187.1 y 202). Ninguna sentencia puede habilitar a otro órgano para hacerlo.
• Los jueces no pueden escudarse en el TSJ. El artículo 334 obliga a todo juez a aplicar con preferencia la Constitución cuando una norma sea incompatible con ella. Cada juez que aplicó este instrumento tenía el deber de desaplicarlo. Y el artículo 333 dispone que la Constitución no pierde vigencia aunque se deje de observar por actos de fuerza o por medios distintos a los que ella prevé.La consecuencia penal es directa. El artículo 49, numeral 6, establece que nadie puede ser sancionado por actos que no estén previstos como delitos en leyes preexistentes. Si no hay ley, no hay delito. Toda detención, acusación y condena basadas en este instrumento son una privación ilegítima de libertad, delito previsto en el Código Penal y agravado cuando lo comete un funcionario público con abuso de sus funciones, por tanto, los fiscales y jueces que lo han hecho tendrán que ser enjuiciados penalmente.

Por la misma razón, no cabe hablar de “reformarla”. No se reforma lo que jurídicamente no existe: reformarla sería convalidar la usurpación. Lo que procede es declarar su nulidad absoluta.

II. Los hechos: el Estado admite el abuso

• Febrero de 2026. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, reconoció una “mala utilización” de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y pidió revisarla.
• 29 de septiembre de 2026. Delcy Rodríguez, a título de “encargada”, envió una carta a la Asamblea Nacional. En ella pidió una “reforma parcial” de la ley “para avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esta norma y para corregir desviaciones en su aplicación”.
• Ese mismo día, en un acto con caficultores en Ospino, estado Portuguesa, declaró: “Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley”.
• Tras la carta, Jorge Rodríguez anunció una comisión especial de 11 diputados para redactar la reforma.Estas son declaraciones oficiales de las dos más altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, y tienen valor de reconocimiento por parte del Estado.

III. Quiénes aplicaron esta ley de la que ahora Delcy Rodriguez se arrepiente.

Una ley penal no se aplica sola. Cada persona procesada por “incitación al odio” pasó por una cadena de funcionarios con nombre y cargo:

• Los cuerpos de seguridad (SEBIN, DGCIM y policías) que hicieron los arrestos, muchas veces sin orden judicial y con desapariciones forzadas temporales.
• Los fiscales del Ministerio Público que imputaron y acusaron, sumando con frecuencia cargos de terrorismo y asociación para delinquir.
• Los jueces de control, de juicio y de las cortes de apelaciones, incluidos los tribunales con competencia en terrorismo, que ordenaron privaciones de libertad, mantuvieron medidas cautelares y dictaron condenas de hasta 20 años.Cuando el Estado admite que la ley fue “mal aplicada”, admite que estos funcionarios actuaron de forma arbitraria. No se puede reconocer el abuso y, al mismo tiempo, dejar sin nombre a quienes lo cometieron. La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU ya documentó en septiembre de 2021 el papel de jueces y fiscales en la represión política. La admisión oficial de hoy confirma esas conclusiones.

IV. Las víctimas

Según Foro Penal, 927 personas fueron acusadas bajo esta ley desde 2017. Hoy 6 siguen presas y 638 tienen medidas cautelares. Cada uno de esos expedientes lleva la firma de un fiscal y de un juez.

Algunos casos:

Yorman Acevedo (Aragua) por comentar en TikTok un video sobre la captura de Maduro fue arrestado por el SEBIN, lo mantuvieron desaparecido por 19 días.

Luís López y Gabriel González periodistas. Delito: ejercer el periodismo tras las elecciones. Casi dos años en procesos; absueltos en octubre de 2026

Merlys Oropeza(Maturín) Por haber criticado en WhatsApp a la jefa del Clap en su calle. Arrestada el mismo día; condenada a 10 años por el Tribunal Tercero de Juicio de Maturín

Olga Mata, 72 años (Carabobo) encarcelada y enjuiciada por un video humorístico en TikTok sobre Maduro y Cilia Flores.

Ricardo Prieto y Carlos Varón, bomberos en Mérida por un video satírico con un burro que aludía a Maduro, fueron encarcelados para enfrentar acusación en la que les pidieron 20 años de cárcel.

Reformar ahora la “ley” no borra la responsabilidad de los jueces y fiscales que ejecutaron tales abusos

VI. La responsabilidad no se detiene en jueces y fiscales

Hablar de “mala aplicación” traslada la culpa hacia abajo, a los operadores de justicia. Pero quienes lo dicen también son responsables:

• Diseñaron la ley. La aprobó en noviembre de 2017 la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por la propia Delcy Rodríguez.
• El problema está en la norma, no solo en su aplicación. Al pedir la “despenalización” de sus delitos, Delcy Rodríguez admite que tipos penales vagos, con penas de 10 a 20 años, permitieron castigar la crítica.
• Las detenciones las hicieron cuerpos del Ejecutivo. El SEBIN y la DGCIM dependen del poder que hoy se presenta como corrector del abuso.Por eso no basta con señalar a jueces y fiscales. Deben responder también quienes crearon el instrumento, quienes dieron las órdenes y quienes durante nueve años lo defendieron. Proponer una “reforma” es un intento de salvar un acto nulo y de presentar como simple error de aplicación lo que fue una usurpación desde el origen.

VII. Exigencias

• Declarar la nulidad absoluta del instrumento por usurpación de funciones (artículo 138), en lugar de reformarlo o derogarlo. Ningún órgano puede reformar un acto jurídicamente inexistente.
• Aplicar el mismo criterio a todas las demás “leyes constitucionales” y actos legislativos de la Asamblea Nacional Constituyente.
• Dar libertad plena a las 6 personas que siguen presas y levantar las medidas cautelares de las 638 que siguen procesadas.
• Anular todos los procesos y condenas basados en este instrumento y eliminar los antecedentes de las víctimas.
• Identificar públicamente a los funcionarios policiales, fiscales y jueces que detuvieron, acusaron y condenaron en cada caso.
• Procesarlos penalmente por privación ilegítima de libertad y por los demás delitos cometidos, como la desaparición forzada. No pueden excusarse en órdenes superiores (artículo 25), y las violaciones graves de derechos humanos no prescriben (artículo 29).
• Investigar la responsabilidad de los constituyentes que dictaron el instrumento, empezando por quien presidía la Constituyente, Delcy Rodríguez, y de quienes ordenaron su uso.
• Reparar integralmente a las 927 víctimas y a sus familias, conforme a los artículos 30 y 140 de la Constitución.
• Incorporar el reconocimiento oficial del abuso a los expedientes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y de la investigación Venezuela I de la Corte Penal Internacional.Carlos Ramírez López

En La Guaira, el contratista colombiano Alex Saab, a través de su empresa Fondo Global de Construcción, desarrolló proyectos de vivienda social para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Tras los fuertes sismos que azotaron al país, estas edificaciones colapsaron, sacando a la luz el uso de materiales de muy baja calidad

Se está denunciando que la construcción de dicho urbanismo fue encomendada a Alex Saab y cuyos apartamentos en su mayoría fueron entregados a los miembros de los denominados “colectivos”, el ejército particular de Diosdado Cabello, y también que allí se resguardaban alijos de droga y dineros de éste, todo lo cual explicaría su actitud desesperada de no dejar pasar a la Cruz Roja Internacional al sitio para labores de salvamento así lo ha denunciado el periodista Casto ocando en su ´programa. VER:

https://youtu.be/mymkfrW7dOU?si=w37um1Cw5CZSntg

CABELLO PARA SUS ANDANZAS DELICTIVAS SE APODERÓ DE LA CRUZ ROJA VENEZOLANA.

Hace tres años, en julio de 2023, Diosdado Cabello arrancó una campaña para apoderarse de la Cruz Roja venezolana, que estaba dirigida por Mario Villarroel, un abogado falconiano que lo hacía con eficiencia, la cual le era reconocida dentro y fuera del país. No obstante, Diosdado Cabello se interesó en ello, le puso el ojo y movió sus influencias para ponerla bajo su control, lo cual ejecutó utilizando para ello el sistema judicial. Esta es la historia:

Cabello inició una campaña acusando a Villarroel de estar conspirando contra el gobierno de Maduro y de que, para ello, estaría utilizando los fondos de la institución y que mantenía una directiva petrificada en ella durante años sin que se realizara proceso eleccionario alguno para actualizarla. Estas acusaciones fueron rebatidas mediante pronunciamiento público aclarando que su directiva se renovaba mediante elecciones internas cada dos años.

La arremetida de Cabello fue secundada por el entonces “fiscal” Tarek William Saab, quien ordenó abrir una investigación penal contra Villarroel, acusándolo de acosar y maltratar al personal. 36 horas después, se dictó una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que destituyó a Villarroel y designó como sustituto a Ricardo Cusano, quien había sido presidente de Fedecámaras.

LA SENTENCIA

Bajo el número 1.057, la Sala Constitucional del TSJ, emitida el 4 de agosto de 2023, a las 36 horas después de introducida la demanda interpuesta por el hoy destituido y entonces fiscal Tarek William Saab, la entonces presidente del organismo, Gladys Gutiérrez, y demás integrantes emitieron un largo fallo cuya parte dispositiva ordenó la suspensión de la directiva que dirigía Villarroel y la sustituyó por otra presidida por Ricardo Filippo Cusanno todo como consta en expediente 23–0802. Posteriormente el TSJ nombró como presidente de la organización a un abogado de nombre Luís Farías.

En resumen, ese proceso fue otra de las muchas manifestaciones del uso abusivo del sistema judicial de parte de Diosdado Cabello para hacer su voluntad en todo cuanto se le diera en gana.

El medio “Acceso a la justicia” hizo una valoración del mencionado proceso el cual tituló “La intervención de la Cruz Roja, otro ejemplo del abuso de las potestades cautelares de la Sala Constitucional” VER:

(https://accesoalajusticia.org/intervencion-cruz-roja-otro-ejemplo-abuso-potestades-cautelares-sala-constitucional/)

Las maniobras de Cabello se materializaron en la Cruz Roja Venezuela, pero la Cruz Roja Internacional se encuentra libre de tales maniobras y, en tal virtud, ha estado tratando de intervenir en la tragedia, pero de manera independiente, lo cual no es de su gusto y por ello se apersonó al lugar para impedirlo. ¿HASTA CUANDO, DIOS MÍO?

EL ACUERDO EN EL CASO CONOCOPHILLIPS

El tribunal de arbitraje CIADI nos condenó al pago de mas de 8.7 BILLONES de dólares en favor de esta transnacional, eso en un juicio donde no tuvimos derecho a la defensa pues a quien ese tribunal se la reconoció fue a un funcionario del gobierno de Maduro, el abogado Reinaldo Muñoz Pedroza, que no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional como es de requisito constitucional (artículo 247 CRBV).

El gobierno de Guaidó por medio de su procurador José Ignacio Hernández en vez de batirse contra ese abuso lo admitió expresamente al punto de que en actuación idéntica y con dos días de por medio, con ese abogado de Maduro, pidieron una “rectificación numérica” aduciendo que la sentencia tenía un error de escritura, dijeron que en vez de 8.7 billones debía ser doscientos millones menos lo cual de inmediato aceptó feliz la demandante. Seguidamente el entonces procurador nombrado por Guaidó, desbordando alegría por semejante ilegal condena, publicó un tuit proclamando victoria: “La República logra una victoria en el caso ConocoPhillips al lograr la rectificación del laudo dictado en su contra y obtener así un ahorro superior a 200 millones de dólares. La Oficina del Procurador Especial sigue trabajando en la defensa del Estado.”

Todo esto consta en el Caso CIADI N° ARB/07/30 https://www.italaw.com/sites/default/files/case documents/italaw10771.pdf

Al margen de tan deleznable actuación hay que considerar los costos en bufetes de abogados que se contrataron.

EL OTRO ACUERDO CON CONOCOPHILLIPS

Hay otro juicio de ConocoPhillips en paralelo, este por ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) donde también fuimos condenados a pagarle indemnización que en este caso fue por mas de mil doscientos ochenta y siete millones de dólares, específicamente US $ 1.287.664.420 lo cual aparece publicado por la Corte de Delaware , esto aparece en el expediente 1:17-mc-00151-LPS. Documento 348. Archivado el 15 de septiembre 2021 y allí aparece que de ese monto ya se habían desembolsado a la empresa en distintas la suma de 753.998.726 millones de dólares.

El economista Francisco Rodríguez de Fundación Oil for Venezuela denunció otro oscuro acuerdo de pago por UN BILLÓN 287 millones, y en un tuit del 20 de septiembre 2021 dijo: “Según documentos publicados por la Corte Distrital de Delaware, el gobierno de Guaidó entró en un acuerdo para pagar $1,287,664,420 a la petrolera ConocoPhillips. Las condiciones de pago no fueron informadas a la nación ni aprobadas públicamente por la Asamblea Nacional”.

En ese tuit agregó la copia del documento comprobatorio obtenido del expediente 1:17-mc-00151-LPS. Documento 348. Archivado el 15 de septiembre 2021 y allí aparece que de ese monto ya se han desembolsado en distintas fechas a la empresa la suma de 753.998.726 millones de dólares, siendo las últimas tres de esas fechas en las que ya el gobierno interino había puesto en funciones a su procurador especial José Ignacio Hernández, estas son: febrero 8 de 2019 ($88.553.673) mayo 23 de 2019 ($88.553.673) agosto 23 de 2019 ($753.998.726,33)

Al pie del cuadro de pagos asentados en esa página del expediente que agregó el Dr. Rodríguez hay una inscripción en inglés que traducida al español dice: “Las Partes venezolanas han indicado que han llegado a un acuerdo con ConocoPhippis con respecto al monto pendiente de la sentencia de ConocoPhillips”.

OTRA MENTIRA DEL COMUNICADO DE GUAIDÓ-SANCHEZ FALCÓN

«Hasta el momento, esta defensa ha logrado la protección de Citgo, adicionalmente con medidas emanadas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ante las amenazas y situación de riesgo permanente generadas por las acciones irresponsables de los regímenes de Chávez y Maduro»

¡Falso la “defensa” no ha logrado nada! Por el contrario, ha profundizado el desastre dejado por Chávez y Maduro en esos casos, la protección a CITGO solo se debe a la política del gobierno norteamericano que con sus medidas ejecutivas ha impedido la ejecución de embargos ya aprobados judicialmente, medidas temporales que podrían cesar en cualquier momento. Solo una sentencia judicial anulatoria de esas ilegales sentencias sería el remedio verdadero.

Esa “defensa” no ha sido tal, por el contrario ha contribuido a la consolidación de los ilegales procesos en el CIADI.

Su gobierno, señor Guaidó tiró a la basura la mas importante arma defensiva que teníamos que el alegato de la írrita representación procesal en los mas de 30 procedimientos que han cursado y cursan en nuestra contra en el CIADI y que consiste en la usurpación del cargo de defensor judicial que corresponde a la Procuraduría General conforme establece la CRBV en su artículo…

Venezuela no tuvo Procurador legalmente designado desde la fecha de la renuncia de Cilia Flores 11 de marzo de 2013 hasta el 5 de febrero de 2019 cuando la A.N aprobó la designación que usted, señor Guaidó nombró a J.I.Hernández. En ese lapso de SEIS AÑOS se tramitaron cerca de 30 demandas contra el país en donde estuvo en litigio BILLONES y BILLONES de dólares que nos fueron condenados a pagar y el primer procurador que usted nombró, J.I. Hernández, reconoció legitimidad a ello como lo hizo en el juicio Valores Mundiales y Consorcio Andino contra Venezuela Expediente ARB/13/11 en cuya Resolución Procesal 2 de fecha 29 de agosto 2019 se sentenció lo que a continuación se copia textualmente:

“40. De manera preliminar, el Comité considera razonable que la carga de la prueba de los hechos y actos en los que se basa el pedido de este incidente recaiga enteramente en el señor Hernández, puesto que su pretensión se dirige a cambiar el status quo de una representación procesal no solo ya establecida, sino además reconocida como legítima por el propio peticionante hasta el 5 de febrero de 2019. En efecto el señor Hernández toma esa fecha como dies a quo para el desconocimiento de los actos realizados por personas distintas a él,con lo cual reconoce que la representación del Estado venezolano durante el procedimiento de anulación ha correspondido al legítimo ejercicio de facultades por parte de la Procuraduría General de la República y del equipo de abogados mencionados en la Resolución Procesal N.1 Por ende, quien pretende mutar la representación procesal actual debe probar acabadamente los presupuestos en los que funda su pedido.”

“I. Decisión del Comité

1. Por los motivos expuestos precedentemente, el Comité resuelve:

(i) Rechazar la solicitud del Sr. José Ignacio Hernández G. de asumir la representación de la República Bolivariana de Venezuela.

(ii) Confirmar la prosecución del procedimiento con la representación ya constituida de la República Bolivariana de Venezuela.”

Ver:

https://jusmundi.com/en/document/decision/es-valores-mundiales-s-l-y-consorcio-andino-s-l-c-republica-bolivariana-de-venezuela-resolucion-procesal-no-2-thursday-29th-august-2019

LA COSTOSA E INÚTIL “DEFENSA” QUE HEMOS TENIDO

En apenas 16 meses José Ignacio Hernández gastó 50 millones de dólares en abogados en procesos de muy corta duración, pues todos están en etapa de ejecución de las sentencias dictadas por el CIADI.

“La Defensa de activos en el exterior ha costado más de 50 millones de dólares en dos años” Es el titular de una intensa investigación periodística de “Efecto Cocuyo” publicada recientemente, el 1 de febrero del 2021, donde se exponen los detalles de las irregularidades ocurridas en la concesión y ejecución de los dineros asignados al anterior procurador J.I. Hernández, tanto fue que como en dicha publicación se anota, “…en el acuerdo que autoriza el pago de 18 millones de dólares, la comisión de Finanzas señala al exprocurador especial, José Ignacio Hernández, de haber cometido ‘errores procedimentales’ en las contrataciones de las firmas de abogados.”

Defensa de activos en el exterior ha costado más de 50 millones dólaresLos costos asociados a la defensa de activos en el exterior, bajo el control del Gobierno interino, sumaban 23.5…efectococuyo.com

Y es que además de haber dispuesto tan arbitrariamente esas altas sumas de dinero para abogados, no se ha ganado ni un juicio, ni se ha obtenido beneficio alguno de ello, ni se ha marcado una ruta procesal digna de reconocimiento, puros fracasos, puros errores en los que por el contrario se nos ha agravado la posición que tenemos para defendernos.

MANEJOS IRREGULARES SE REPITEN ACTUALMENTE

El ahora procurador Dr. Enrique Sánchez Falcón se quejó de falta de recursos para atender los actos del despacho, así lo hizo en el informe de gestión que se hizo público el 28 de julio de este año 2021 pero que se había presentado un mes antes. En este informe o rendición de cuentas el Dr Sánchez Falcón solicitó a la Comisión Delegada de la AN la aprobación de recursos “para continuar con la defensa de activos de Venezuela en el exterior” allí reveló que estaban identificados mas de 60 procesos entre juicios y arbitrajes” donde afirmó se juegan unos 40 mil millones de dólares y que solo contaba con 28 millones.

La pregunta para el Dr Sánchez Falcon es ¿y qué tenemos a cambio? ¿cuál ha sido el resultado de tanto dinero invertido en esos procesos? ¿Hemos ganado alguno de esos juicios, o aunque sea una incidencia dentro de alguno de ellos?

PAGO DE BONO 2020, EL OTRO COMPROMISO MILLONARIO

La Asamblea Nacional denunció como ilícita la emisión del Bono PDVSA 2020 por el cual Maduro generó una insondable deuda a espaldas de la A.N la cual esta rechazó mediante dos Acuerdos pero su gobierno señor Guaidó autorizó pagar 71 millones de dólares por concepto de intereses vencidos, sí señor, intereses a una deuda ilícita que así fue reconocida.!

Este tema lo seguiremos desarrollando más adelante, esto ya está muy largo.

En la Edición N.º 2 de esta revista denuncié que todas las sentencias del CIADI por las que se remata a CITGO son radicalmente nulas, por haber sido tramitadas bajo una representación de Venezuela que nunca cumplió el procedimiento constitucional de los artículos 247 a 249: primero un "encargado" (Manuel Galindo), designado por la propia y única voluntad de la entonces Procuradora Cilia Flores al renunciar en 2013, y luego un "encargado del encargado" (Reinaldo Muñoz Pedroza), designado de igual forma irregular por Galindo al dejar también el cargo.

Ese texto se enfocó en el expediente CIADI que llevó al remate de CITGO en Delaware. En esta edición documento cómo el mismo patrón —la misma representación viciada, la misma falta de defensa real— se repite ahora en un expediente distinto: el de ConocoPhillips contra PDVSA y CVP por el préstamo no reembolsado de Corocoro, que en febrero de 2026 terminó en una condena en Madrid dictada, lisa y llanamente, porque nadie se presentó a contestar la demanda.

No es un caso más. Es la prueba empírica de lo que vengo advirtiendo desde hace años.

RESUMEN DEL CASO

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Civil y Penal) dictó sentencia reconociendo (homologando/otorgando exequatur) en España un laudo arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje (CCI) que condena a PDVSA y a su filial CVP (Corporación Venezolana del Petróleo) a pagar a ConocoPhillips 33,7 millones de dólares, más intereses y costas procesales. La resolución es firme y no admite recurso.

Origen del litigio: Desde mediados de los años 90, ConocoPhillips y PDVSA habían pactado someter sus controversias a arbitraje por ante la CCI. En ese marco, ConocoPhillips concedió un préstamo a CVP para adquirir el 35% del yacimiento Hallazgo de Corocoro, préstamo que PDVSA garantizó. El proyecto avanzó con normalidad hasta que en 2007 el gobierno de Hugo Chávez decretó la nacionalización de diversas inversiones extranjeras en el sector energético, incluida Corocoro, lo que provocó que ConocoPhillips perdiera el control del activo.

ConocoPhillips llegó a reclamar más de 1.400 millones de dólares por incumplimientos contractuales, responsabilidad extracontractual y enriquecimiento injusto, pero el tribunal arbitral distinguió entre los efectos soberanos de la nacionalización y los incumplimientos específicos atribuibles a PDVSA/CVP, concluyendo que la nacionalización no extinguía la obligación de devolver el préstamo. El laudo, emitido el 29 de julio de 2019 en Nueva York, ordenó a PDVSA y CVP que reembolsaran los 33,7 millones de dólares, más intereses.

Proceso en España: Ante el incumplimiento del laudo, ConocoPhillips presentó en julio de 2024 una demanda de exequatur ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para hacerlo ejecutable en España. El tribunal emplazó a PDVSA y CVP a través de la Autoridad Central venezolana conforme al Convenio de La Haya, pero las demandadas no respondieron. Transcurridos seis meses sin contestación, el tribunal las declaró en rebeldía procesal, conforme al artículo 15 del Convenio de La Haya, como paso previo a resolver.

Para julio de 2024 (fecha en que ConocoPhillips presentó la demanda de exequatur), el cargo de Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela lo ejercía Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, quien lo ocupaba desde 2015 y permaneció en el cargo hasta su renuncia en marzo de 2026, cuando lo sucedió Arianny Seijo.

Fundamentos del fallo: El TSJM concluyó que el laudo cumple todos los requisitos del Convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que la materia es arbitrable, que se respetaron las garantías procesales, y que su reconocimiento no es contrario al orden público español. Por ello, estimó íntegramente la demanda de ConocoPhillips, condenando a PDVSA (y CVP) al pago de los 33,7 millones de dólares, intereses y costas del procedimiento de exequatur.

FICHA DEL ARBITRAJE

• Tribunal: Dr. Laurent Lévy (presidente), Prof. Laurent Aynès (árbitro nombrado por ConocoPhillips), Prof. Andrea Giardina (árbitro nombrado conjuntamente por PDVSA/CVP). Secretaria: Eva Kalnina.
• Caso CCI: identificado en la documentación como vinculado al "ICC P&H Arbitration" (Caso CCI N.º 20549/ASM/JPA).
• Demandante: ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. Demandadas: CVP (Respondent 1) y PDVSA (Respondent 2).
• Representación de ConocoPhillips: equipo liderado por Constantine Partasides QC y Jan Paulsson, junto con abogados internos de ConocoPhillips (Janet Langford Carrig, entre otros).
• Representación de PDVSA/CVP: George Kahale III y equipo del despacho Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle.
• El núcleo del reclamo: no devolución del préstamo para el 35% de participación en Corocoro, sustitución de la estructura de gestión del proyecto, y la firma del MoU/contrato de conversión con Eni antes de la terminación formal del acuerdo.
• Resultado: condena a PDVSA/CVP a devolver 33,7 millones de dólares más intereses desde octubre de 2002 a tasa LIBOR + 1%.

EL CASO COROCORO: ORIGEN Y ARBITRAJE CCI

En 1996, ConocoPhillips financió a la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) para que adquiriera el 35% de participación en el yacimiento Corocoro, préstamo que PDVSA garantizó. Tras el Decreto de Nacionalización de 2007, Venezuela tomó el control del proyecto sin reembolsar ese préstamo. ConocoPhillips inició entonces un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI (Caso N.º 22527/ASM/JPA), que culminó en un laudo del 29 de julio de 2019 por unos 33,7 millones de dólares más intereses desde octubre de 2002.

Como sostuve respecto al CIADI en la edición anterior, el mismo defecto de representación aplica aquí: quien compareció (o dejó de comparecer) por Venezuela en este arbitraje fue el mismo "encargado del encargado", sin el título constitucional pleno. La diferencia es que, en este caso, la propia inacción llegó a su extremo más claro años después, en España.

DE NUEVA YORK A MADRID: LA RED DE EJECUCIÓN SE EXTIENDE A EUROPA

En la Edición N.º 2 documenté cómo, en base al mal llamado "Convenio de Nueva York", los beneficiarios de los laudos CIADI llevaron su ejecución a la Corte Federal de Washington D.C. y de allí a la Corte de Delaware, para terminar rematando las acciones de CITGO. En el caso Corocoro, ConocoPhillips siguió un camino distinto pero igual de revelador: confirmó el laudo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en diciembre de 2020 (por 48.008.707 de dólares, ya con intereses acumulados), y ante la falta de pago, en julio de 2024 llevó el mismo laudo a reconocimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, invocando esta vez el Convenio de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento de sentencias arbitrales extranjeras.

Esto confirma algo que vengo advirtiendo: la persecución de los activos venezolanos por estos laudos ya no se limita a Estados Unidos. Se ha extendido a Europa, y previsiblemente seguirá extendiéndose a cualquier jurisdicción donde PDVSA o sus filiales tengan activos localizables. Cada nuevo reconocimiento en el extranjero es un nuevo frente donde Venezuela puede perder, otra vez, no por el fondo del caso, sino por no presentarse.

LA INCOMPARECENCIA EN MADRID: LA PRUEBA DEFINITIVA

En mis denuncias sobre el caso CIADI sostuve la nulidad a partir de un argumento jurídico: el defecto constitucional de la representación. En el caso de Madrid, ese argumento se confirma con un hecho llano y empírico, sin necesidad de mayor interpretación: el TSJ de Madrid notificó correctamente a PDVSA y a CVP, por el cauce del Convenio de La Haya, a través de la propia Autoridad Central designada por Venezuela. Nadie contestó. Nadie compareció. A los seis meses de silencio, la Sala las declaró en rebeldía procesal y dictó sentencia condenatoria, firme y sin recurso.

Esta es otra evidencia de la negligencia de quienes han tenido la responsabilidad de la defensa de Venezuela y no lo han hecho, han abandonado.

Esto es, a mi juicio, la prueba más contundente de todas las que he presentado hasta ahora. No se trata solo de que la representación fuera irregular de origen: se trata de que, incluso teniendo la oportunidad procesal de comparecer y defenderse, nadie lo hizo.

CUENTA REGRESIVA ACTUALIZADA: LO QUE ESTÁ EN JUEGO

En la Edición N.º 2 alerté que la deuda acumulada por los laudos fraudulentos del CIADI alcanzaba cerca de 30.000 millones de dólares. Con los desarrollos desde entonces, el cuadro es este:

Laudo CIADI (expropiación 2007) ~US$8.700 millones (ajustado a ~8.500M), con intereses ya por encima de US$11.000 millones hacia 2023. En ejecución contra CITGO vía Delaware.

Laudo CCI Petrozuata-Hamaca ~US$1.900 millones. Pagado mediante acuerdo con entregas de crudo en 2018.

Laudo CCI Corocoro US$33,7 millones (US$48 millones con intereses al 2020). Reconocido ahora en España, sin pago hasta la fecha.

Otros acreedores (Crystallex y demás) Persiguen igualmente las acciones de CITGO bajo la misma doctrina de "alter ego".

El total combinado supera ya los diez mil millones de dólares en condenas directas, sin contar los intereses que siguen corriendo mientras el país no paga ni impugna con eficacia ninguno de estos procesos.

QUÉ HACER

Reitero actualizado a este nuevo episodio, el mismo llamado que he estado haciendo reiteradamente desde hace mucho tiempo, toda la deuda originada en procesos y sentencias de arbitrajes donde Venezuela no ha tenido representación legal, vale decir, en todos esos casos donde hemos aparecido representados primero por Manuel Galindo Ballesteros y luego por Reinaldo Muñoz Pedroza obrando a título de "Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela" deben ser firmemente impugnados por el nuevo gobierno democrático que tengamos, rechazados por fraudulentos, y en tal virtud ejercer presión sobre el Banco Mundial como organismo creador del CIADI de donde han salido la mayoría de esas criminales condenas contra Venezuela, igualmente denunciar a dichos organismos investidos de autoridad para el ejercicio del arbitraje por deudas nacionales, esto conforme a los Convenios internacionales que se han suscrito a tales efectos.

Además del rechazo político institucional, se debe considerar el ejercicio de acciones legales de toda naturaleza para el debido ataque a semejante desfalco a la Nación.

El tiempo sigue corriendo. Cada citación a contestar demandas que no son atendidas produce lo que se denomina "Confesión ficta", es como una admisión absoluta de lo que se demanda, y eso lleva además a una condena hasta en el pago de las costas procesales.

Carlos Ramírez López — Director General, Revista Dr. Ley DRLEYCRL@GMAIL.com @carlosramirezl3

SE DESCUBRIÓ UN JUICIO SECRETO

Maduro se robó ese dinero. No pagó al banco y éste ejecutó el contrato apropiándose del oro cuyo valor para ese momento sobrepasó la suma adeudada, quedando entonces un remanente de 123 millones de dólares a favor de Venezuela. El dictador quiso raspar la olla y exigió que se le entregara ese remanente, y para ello entabló una demanda ante una Corte de Londres. Ese juicio se mantuvo en secreto hasta que fue revelado por la agencia de noticias Bloomberg que lo hizo público como puede verse en el enlace adjunto donde además se informó que la juez se pronunció en el sentido de que primero va a determinar si en verdad el régimen de Maduro estaba legitimado para proponer dicha demanda y para recibir el dinero.

https://www.dw.com/.../deutsche-bank-liquida.../a-49078972

EL DIPUTADO JOSÉ GUERRA LO SABÍA

La negociación con el oro se supo desde mucho antes. El diputado José Guerra de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional 2015, en su propio nombre y en el del parlamento, se comprometió a actuar respecto a dicha negociación. El 5 de junio de 2019 enfáticamente declaró a la prensa que “la Asamblea va a definir pronto cuál es la estrategia para seguir allí por cuanto la ejecución de la garantía se realizará efectivamente y en tal caso el Deutsche va a vender el oro y se va a cobrar”

https://www.efe.com/.../el-parlamento.../20000011-3993842

NO HICIERON NADA PARA DETENER AQUEL ROBO

El diputado Guerra no cumplió aquel compromiso, no hizo nada para atacar aquel hecho delictivo que estaba en curso y eso que para la fecha en la que asumió públicamente aquella promesa ya se contaba con un “procurador especial” que había sido designado el 27 de febrero de 2019, a quien la Constitución confiere la responsabilidad de la defensa de los bienes patrimoniales de la república.

Luego, asombrosamente el diputado Guerra redujo el tema a la siguiente interrogante: ¿A quién le va a entregar el Deutsche Bank esos 123 millones de dólares, a Maduro o a Guaidó? Una inaudita simpleza que -intencionalmente o no- implicaba la renuncia a la impugnación a dicho contrato radicalmente infectado de nulidad por haber sido concertado por un régimen ilegítimo y sin pasar por la necesaria aprobación de la Asamblea Nacional. El diputado redujo el problema a la lucha por las sobras de aquel festín, el “remanente” de 123 millones de dólares del gran pastel de 20 mil kilos de oro robados a nuestras reservas internacionales.

EL BANCO QUE USÓ MADURO PARA ESTE ROBO

El historial del banco alemán involucrado en este caso, el Deustche Bank AG acumula un grueso historial de ilicitudes que le han ocasionado más de 7.000 conflictos judiciales por transacciones delictivas tanto en Alemania como en Estados Unidos. El prestigioso The Wall Street Journal le ha dedicado mucha atención publicando algunos de esos conflictos que incluyen espionaje, violación de sanciones y lavado de dinero. En el año 2015 ese banco fue multado por cerca de 5.000 millones de dólares por autoridades financieras de Estados Unidos. También autoridades británicas le impusieron multas por más de 200 millones de euros y emitieron declaraciones públicas condenando sus actos. En 2007 el Departamento de Justicia norteamericano le impuso otra multa por 7,2 millones de dólares por transacciones con títulos hipotecarios ilícitos. Es una larguísima lista de multas las que le han impuesto en distintos países por ese delictivo historial que incluye sanciones por involucrarse en negocios prohibidos con Irán y Siria, entre otros, donde también resaltan grandes multas del año 2017, por practicar lavado de dinero proveniente de Rusia.

Con esos antecedentes lucía probable que una ofensiva judicial y política de nuestro lado dirigida a anular ese negociado ladrón de Maduro en vez de centrarse en recoger sus sobras, pudiera tener éxito, pero inexplicablemente no se hizo tal cosa, tal inactividad genera responsabilidades por omisión a quienes teniendo la obligación de actuar para impedirlo no lo hicieron.

Y NO ES EL ÚNICO CASO, HAY OTRO

Más adelante abordaré el otro caso que estuvo siendo procesado por la Corte de Comercio y Propiedad de Inglaterra y Corte Comercial de Gales (QBD) entre el Banco Central de Venezuela de Maduro y el Bank of England (BoE), se trata de otra demanda que por 930 millones de euros entabló el dictador sobre otro depósito de oro venezolano que había escondido en el banco inglés utilizando para ello el nombre del Banco Central de Venezuela.

A propósito de estar revisando las trapisondas del caso Zapatero, nos hemos encontrado con otra de las sentencias que se han producido contra Venezuela, esta vez en España, en uno de los tantos juicios originados por las nefastas expropiaciones que emitió Hugo Chávez. Este fue otro de los casos que tuvo como víctima demandante a la empresa ConocoPhillips, y a propósito de estar revisando

ESTA ES LA HISTORIA

En fecha 5 de febrero del 2026 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio curso a demanda de reconocimiento y ejecución en territorio español de un laudo arbitral que a favor de la empresa ConocoPhillips emitió la Cámara de Comercio Internacional (CCI) donde se condenó a PDVSA y a su filial CVP a pagar a dicha empresa treinta y tres millones setecientos mil dólares (US 33.700.000) más intereses y costas del proceso. La aludida sentencia se refiere al reembolso de un préstamo a la CVP para financiar la adquisición de una participación en el yacimiento petrolero de Corocoro, el cual luego fue nacionalizado por el gobierno.

El caso fue originalmente tramitado por ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) donde acudió la empresa a proponer la acción de arbitraje la cual fue declarada con lugar en el año 2019, y en razón de que no se hizo el pago de dicha decisión ello fue demandado por ante los tribunales españoles en base al denominado Convenio de New York que así lo permite como antes lo hemos explicado en los otros casos similares provenientes del CIADI.

El 1 de julio del 2024 la empresa ConocoPhillips formalizó ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid su demanda de exequátur contra PDVSA y CVP por reconocimiento en España del Laudo Arbitral emitido el 29 de julio de 2019 por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Según consta en el fallo, se realizaron debidamente las diligencias citatorias a las demandadas cuya recepción ocurrió el 29 de octubre de 2025, pero que no se produjo contestación ni oposición alguna a la demanda.

En la sentencia se ha dejado expresa constancia de las diligencias practicadas para el emplazamiento de las demandadas dando oportunidad para dar contestación a la acción propuesta. Esto dice el fallo: “…La controversia es arbitrable. Nada hay que pueda justificar la infracción del orden público español, procesal ni material. Los convenios arbitrales existen y son válidos. El procedimiento seguido ante la CCI ha respetado el derecho de defensa de las demandadas. El Laudo no trasciende el ámbito material de la sumisión de las partes…”

Seguidamente aquí transcribimos la parte dispositiva de la sentencia:

“LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID HA DECIDIDO: Estimar íntegramente la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Adela Cano Cantero en nombre y representación de CONOCOPHILLIPS GULF OF PARIA B.V. (\"CGP\"),y acordar el reconocimiento en España del Laudo Arbitral de 29 de julio de 2019, dictado en la ciudad de Nueva York (USA) por el Tribunal Arbitrar integrado por D. Laurent Lévy (Presidente), D. Laurent Aynès (Co-árbitro) y D. Andrea Giardina (Co-árbitro), en el Arbitraje número 22527/ASM/JPA, administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Imponer las costas del presente procedimiento, con carácter solidario, a los demandados, PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (\"PDV\"), y CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO, S.A. (\"CVP\"). Frente a esta resolución no cabe recurso alguno….”

Este texto puede verse mediante el siguiente enlace: https://fernandezrozas.com/wp-content/uploads/2026/03/arbitraje-ATSJ-Madriod-CP-1o-5-febrero-2026.pdf

CASOS DE INDEFENSIÓN DE VENEZUELA

La defensa de Venezuela (la República o PDVSA) ha estado ausente en múltiples juicios en sus fases procesales críticas, lo que ha derivado en fallos por incomparecencia o \"juicios en rebeldía\" (default judgments), así como en la pérdida de oportunidades clave para apelar condenas multimillonarias. Los casos más emblemáticos de ausencias y desatenciones de la defensa venezolana que provocaron condenas se distribuyen de la siguiente manera:

En la Corte del Distrito de Washington D.C. (Fallos en Rebeldía)

En las cortes federales de EE. UU., la incomparecencia activa de Venezuela tras ser notificada legalmente ha provocado condenas automáticas para ejecutar laudos de arbitraje como ocurrió en los casos siguientes:

Caso Tidewater Investment v. Venezuela (2019): Tras recibir un laudo del CIADI por la expropiación de sus activos de servicios petroleros, la empresa demandó formalmente ante la Corte de Distrito de Washington D.C. la ejecución por tribunales estadounidenses. El Estado venezolano no respondió a la demanda dentro de los 60 días reglamentarios por lo que la corte otorgó un fallo en rebeldía (default judgment) a favor de Tidewater, ordenando la ejecución forzosa del cobro.

Caso ConocoPhillips v. Venezuela ($8,700 millones en D.C.): Aunque Venezuela litigó la fase inicial ante el CIADI, cuando ConocoPhillips acudió a la Corte de Distrito de Washington D.C. en demanda para que se ratificara y ordenara la ejecución del laudo que entonces se emitió que lo fue por más de $8,500 millones, la representación judicial de la República que en este caso correspondía al interinado de Juan Guaidó no compareció y dejó vencer los plazos de contestación. Esto conllevó a que la corte dictara sentencia ordenando la ejecución de dicho laudo CIADI por la Corte Federal de Delaware.

Demandas de Bonistas y Pequeños Acreedores: Docenas de fondos de inversión interpusieron demandas en Washington y Nueva York por el impago de los Bonos de la República y de PDVSA a partir de 2018. En una gran cantidad de estos expedientes menores, los bufetes del Estado simplemente no se presentaron a las audiencias de citación, resultando en sentencias automáticas de ejecución de deuda por miles de millones de dólares acumulados

En el CIADI (El Abandono Político del Arbitraje)

La Salida del Convenio CIADI (2012): El Gobierno de Venezuela denunció formalmente el Tratado del CIADI en 2012.

El Efecto: Lejos de detener los procesos, las reglas del CIADI estipulan que el juicio continuará aun en ausencia del demandado. El tribunal nombró árbitros de manera unilateral en nombre de Venezuela y las demandas (como las de ExxonMobil y ConocoPhillips) avanzaron sin la debida contradicción ni defensa de pruebas por parte de la República en etapas críticas, lo que facilitó las posteriores condenas.

Estas ausencias en la defensa no debe quedar sin consecuencias, son graves daños que se le han ocasionado a Venezuela y la responsabilidad radica en las personas a quienes se les otorgó la atribución de la representación en la defensa de los bienes del patrimonio nacional.

En los primeros meses del 2019 el Banco Central de Venezuela cayó en una situación de inactividad institucional, operando solo a lo interno debido a las irregularidades que el gobierno norteamericano detectó en su manejo por lo que emitió prohibiciones dirigidas a bloquear transacciones del gobierno de Nicolás Maduro en el sistema financiero internacional buscando impedir que la institución siguiera siendo utilizada como herramienta política.

Hugo Chávez se dispuso a tomar el BCV

A través de la Asamblea Constituyente que formó a su gusto y conveniencia, entre otros objetivos incluyó su propósito de adueñarse del banco, y en ese propósito comenzó por incluir en el texto constitucional unos larguísimos artículos, 318, 319 y 320, en los que se desarrolló una idílica normativa que al poco tiempo él mismo y su sucesor destruyeron, allí se diseñó una normativa que le asignó a la institución funciones vitales para la economía del país bajo mecanismos de control parlamentario que aseguraban su buen manejo, tanto que incluso se prohibió la subordinación al Poder Ejecutivo y la convalidación o financiamiento de políticas fiscales deficitarias.

Chávez comenzó pidiendo “un millardito”

Todos recordamos aquella exigencia que en el año 2004, en su programa televisado dijo: “No es justo, de veintiún mil millones de dólares que hay de reservas en el Banco Central, solo estoy pidiendo un millardito”. Es que el directorio del BCV se negaba rotundamente a complacer aquella exigencia.

El Banco Central según la ley.

Antes del arribo de Chávez al poder, el BCV se regía por la ley que había sido publicada en Gaceta Oficial 35106 del 4 de diciembre de 1992, según la cual la dirección estaría a cargo de una directiva compuesta por un presidente y seis directores. El presidente sería nombrado por el presidente de la república con autorización del Senado, esto mediante el voto calificado de las dos terceras partes. Esto obligaba a la concertación de las distintas fuerzas políticas. Cuatro de los directores también serían del libre nombramiento del presidente de la República y dos por el Congreso, lo que también requería de acuerdos en su seno.

Lo que hicieron con esa ley.

El 4 de septiembre de 2001 dicha ley fue derogada y sustituida por el partido MVR, y posteriormente, estando Diosdado Cabello en la presidencia de la Asamblea Nacional, hizo aprobar una ley habilitante que denominó “antiimperialista” por la cual se le cedía a Maduro la facultad de legislar por medio de Decretos ley. Seguidamente el 30 de diciembre de 2015 éste emitió el Decreto ley 2179 en cuyo artículo 16 se auto atribuyó la facultad para nombrar al presidente y a todos los directores del banco, revocando así la potestad legislativa de nombrar a dos de ellos. Es decir, desde entonces Nicolás Maduro pasó a personificar al Banco Central de Venezuela.

Que hizo la AN

El 3 de marzo de 2016 la Asamblea Nacional dictó una ley de reforma parcial del antes citado decreto ley y modificó su artículo 16 reinstaurando la facultad del Poder Legislativo de nombrar a dos de los directores del BCV, pero inmediatamente, el 17 de marzo Nicolás Maduro utilizó a la Sala Constitucional del TSJ para demandar la nulidad de dicha reforma. A los diez días hábiles siguientes, el entonces magistrado Calixto Ortega actuando como ponente y los demás magistrados de la Sala emitieron una exhaustiva sentencia de 60 páginas declarando la nulidad de dicha reforma por “inconstitucional”. Esto consta en la sentencia 259 del 31 de marzo de 2016 en el expediente entonces marcado con el número 2016–0279.

El argumento base de la demanda y su sentencia fue que la Asamblea Nacional lo que pretendía era infectar políticamente el manejo del banco “para obstruir la labor patriótica de Nicolás Maduro” como su conductor.

La segunda Asamblea Constituyente.

Para nulificar las actuaciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, Nicolás Maduro convocó una segunda Asamblea Constituyente que operó desde mayo de 2017 hasta diciembre de 2020, que primero presidió Delcy Rodríguez y luego Diosdado Cabello. Este otro aparato constituyente operó como sustituto del poder legislativo y emitió un conjunto de instrumentos denominados “leyes constitucionales” que arbitrariamente se aplicaron y lo siguen haciendo en esta subversión legislativa que instauró el sistema chavista con el que se ha infectado todo el sistema legal del país.

Entre otras actuaciones esa otra fachada constituyente procedió a derogar el artículo 318 de la comentada Ley del BCV, el cual penalizaba la transferencia o traslado de fondos, la importación y exportación de oro, y así se dieron carta blanca para tal actividad que desde entonces han estado ejecutando para intereses personales de las cúpulas gubernamentales y que han generado la ruina y tantos padecimientos al país.

…esta historia continuará.

En la oportunidad en que se tramitaba el primer caso contra Alex Saab, como autor de varios delitos por ante la Corte del Distrito Sur de Florida dirigí comunicación al juez Robert M. Scola, exponiéndole detalles del fraude por el cual se pretendía su reconocimiento como ciudadano y funcionario diplomático venezolano.

En mi exposición hice del conocimiento de la Corte que Alex Saab también había sido dotado de un pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda en el cual aparece con esa nacionalidad. En aquella oportunidad agregué información sobre el rastro de delitos por los que se le ha denunciado y abierto procesos judiciales en Colombia, Ecuador y México.

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A partir de mi citada información a la Corte, la cual además hice del conocimiento público, fue que se desató aquella intensa campaña (“Free Alex Saab”) tratando de desmentirme, pero nada pudo contra la verdad de que en Colombia, en Ecuador y en México se habían abierto causas penales contra Saab como autor de distintos hechos en modalidades de estafa.

Mis comunicaciones a la Corte de Florida las expliqué en dos publicaciones donde coloqué detalles como por ejemplo fotos de los otros pasaportes que había obtenido Saab, todo esto puede verse mediante los siguientes enlaces:

Mi aporte al juicio que contra Alex Saab se lleva en Florida

Hoy se reinician audiencias caso Saab. Mis aportes (2)

Dicho lo anterior, quiero llamar la atención sobre lo siguiente:

¿En este nuevo episodio del caso Alex Saab están las actividades que se dirigieron a tratar de lograr impunidad en su favor, actividades en las que destaca la sentencia que emitió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Caracas avalando la falsa condición diplomática del mencionado delincuente?

En efecto, por sentencia del 12 de mayo de 2023 firmada por los magistrados Gladys María Gutiérrez Alvarado, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Luis Fernando Damiani Bustillos, Tania D’Amelio Cardiet, y, Michel Adriana Velásquez Grillet actuando como integrantes de la Sala Constitucional, se avala la especie de la nacionalidad venezolana de Alex Saab que ahora ha sido desmentida hasta por quienes están en ejercicio del poder en Venezuela.

Cabe preguntar: ¿Cómo ha de quedar la responsabilidad personal de estos magistrados avalando ese fraude en cuanto a la representación diplomática de este Alex Saab? ¿En qué situación jurídica queda esa irresponsable sentencia luego desmentida tan estruendosamente por los mismos factores de poder?

Carlos Ramírez López @carlosramirezl3

La citada distinción que a usted se le ha conferido le reconoce autoridad moral para actuar en la agenda humanitaria mundial, en consecuencia, dada la gravedad de la situación que en materia de violaciones impunes de los derechos humanos que por años padece la población en Venezuela, con el debido respeto le expongo:

Al ser usted una “referente moral” reconocida mundialmente, sus declaraciones y peticiones tienen un peso mayor, entre otros, en foros como la ONU, Corte Penal Internacional (CPI) entre otros, y en tal virtud, se le hace un llamado a utilizar dicha distinción para exigir la agilización de la actividad que le corresponde a dicho Tribunal en el caso denominado “Venezuela 1”.

Venezuela viene atravesando un largo período de gravísimas violaciones a los derechos humanos de parte del régimen, distintas denuncias que desde el año 2002 se han estado formalizando ante la CPI, pero vino a ser en el 2018 cuando la fiscal Fatou Bensouda aperturó un “Examen Preliminar” pero limitado solo a hechos ocurridos desde abril de 2017.

La situación fue empeorando al punto de que seis Estados PartedelEstatuto de Roma,instrumento que rige los motivos y procesamiento de dicho tribunal, varios de los países que integran el mismo, concretamente Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú — en fecha 27 de septiembre del 2018 formalizaron denuncia por ante la citada Corte para que se procediera a investigar crímenes de su competencia cometidos en Venezuela por funcionarios del gobierno desde febrero del 2014. Se trató de casos específicos de asesinatos, torturas y encarcelamientos arbitrarios, todo constatado por un Panel de Expertos que a instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) demostró y documentó fehacientemente. Dicha denuncia incluyó informes de la propia ONU y hasta la fecha de hoy no se han producido resultados.

Ante los reclamos que se han multiplicado y fueron subiendo de intensidad, en noviembre del 2021 el fiscal Karim Khan anunció la apertura de una investigación formal que le autorizó la Sala 1 de Asuntos Preliminares, pero cinco años después todo sigue igual, no se producen resultados, y esto ha alentado la prosecución de hechos criminales horrendos en Venezuela que pasan en total impunidad tras más de 20 años de las primeras denuncias y 8 años desde que la propia fiscalía de la CPI reconoció que había bases razonables para entender que en el país se han cometido crímenes lesa humanidad sin que hubiese reales procesos de investigación que para su juzgamiento.

Tanto han trascendido los crímenes que en Venezuela ejecuta el régimen que en Argentina se promovió y resolvió un pedido de enjuiciamiento contra Nicolás Maduro por crímenes lesa humanidad cometidos desde el año 2014 por lo que allá se abrió una investigación en base a que en la constitución de ese país se establecen atribuciones a su sistema judicial para tramitar causas por hechos ocurridos en otras partes del mundo esto en base al principio de jurisdicción universal en lo que basó una orden de captura que en febrero 2026 se le emitió y ordenó a Interpol su captura.

Ahora mismo el mundo está siendo informado y conmovido por el más reciente de estas ejecutorias criminales del régimen como lo es el crimen contra el ciudadano venezolano Víctor Hugo Quero Navas ejecutado mientras estaba en prisión sin motivo alguno y sin ni siquiera dar información a sus familiares, a la pobre anciana madre que constantemente recorría centros de reclusión, fiscalías, tribunales pidiendo información sobre su hijo que a sabiendas de que había muerto le mentían diciéndole sobre supuesto procesamiento judicial en curso, hecho este que alcanza gran trascendencia nacional e internacional y mantiene a la sociedad en estado de conmoción.

Por las razones expuestas, con el debido respeto, se le solicita que en su citada condición de Premio Nobel de la Paz programe actividades ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) entre otras, pero fundamentalmente ante la misma Corte Penal Internacional,a los países miembros del Tratado Estatuto de Roma en general y en particular a los que formularon la antes citada denuncia en el año 2018, planteando la necesidad de que se ponga coto a esa conducta criminal de los funcionarios del gobierno en Venezuela, en complicidad con quienes fungen de jueces, fiscales, policías, de todo ese grotesco aparato que martiriza a la población en total impunidad y que se ve alentada por ese grosero retardo procesal de dicha CPI, de su fiscal, de sus jueces, y que de una vez por todos abra el proceso acusatorio contra los responsables de esta tragedia.

Atentamente,

Carlos Ramírez López

Actualmente tenemos un país sin ley manejado por un grupo político que destruyó las instituciones que antes fueron hechas para el desarrollo bajo un sistema democrático, y a partir de tal enunciado hay que comprender que es tarea primordial resolver esa situación regresando aquella institucionalidad perdida

Como sabemos, la Asamblea Constituyente de 1999 formada con violación a la Carta Magna que regía desde el año 1961 la declaró derogada, y con ello destruyó todo el andamiaje legislativo que por más de cuarenta años nos regía, hecho ilícito éste que desde entonces ha estado generando un desastre institucional continuado en el país. Venezuela se apresta a reconstruir su institucionalidad democrática para lo cual se requiere resucitar la economía, y a su vez ello solo sería posible si se reconstruye el Estado de Derecho.

VEAMOS:

La institucionalidad venezolana que regía con base al texto constitucional de 1961 fue destruida por Hugo Chávez bajo su propósito de instaurarse por siempre en el poder, y para ello ejecutó el plan constituyente con el cual la declaró derogada al sustituirla por la denominada “constitución bolivariana”, la cual además, posterior a su aprobación e inmediata promulgación por aquella ANC, él mismo, unipersonalmente, modificó en 171 de sus artículos bajo la excusa de que contenía “errores gramaticales”.

Posteriormente, tanto él (Chávez) como su sucesor, Maduro, ejerciendo abusivamente tanto el poder ejecutivo como el legislativo, entre los años 1999 y 2015 se hicieron dar 6 leyes habilitantes con las que emitieron decretos ley sin control, 313 en total que solo sirvieron para “legalizar” todos los atropellos que cometieron.

Todo lo anterior está detallado en dos libros de mi autoría: “El fruto del Árbol Envenenado” y “Leyes infames en Venezuela”.

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Ese desastre institucional es la base, es el origen del pandemónium que martiriza a Venezuela y que sin duda constituye la tarea básica, primordial, que hay que atacar para el regreso a la institucionalidad democrática, al Estado de Derecho como principio de gobernanza en la que se restablezca el sistema de separación de poderes, la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de la cosa pública para acabar con la arbitrariedad y el saqueo que mantiene a la población en el actual estado de indigencia en que se encuentra.

¿CÓMO HACERLO?

La Constitución Nacional de 1961 arbitrariamente revocada contiene la norma que a continuación se copia:

“Artículo 250: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia…”

Necesariamente hay que restituir dicho texto; hay que restablecer el sistema democrático de separación de poderes y la bicameralidad, que, a la vez que otorgue participación numérica de los estados en la Cámara de diputados, ofrezca igualdad representativa en el Senado. Del mismo modo se debe restituir todo el mecanismo y engranaje del Poder Judicial desde la Corte Suprema de Justicia hasta los tribunales de base como estaba diseñado conforme a la “Pirámide de Kelsen”. En fin, no podemos dar por hecho la pervivencia de esa perversa ruptura del orden constitucional democrático, que, aun con todas sus imperfecciones, hacía posible la vida civilizada que teníamos antes de diciembre de 1999

HAY QUE RESTAURAR LOS TRES PODERES PÚBLICOS

Una vez declarado y reconocido oficialmente el resultado de las elecciones presidenciales donde has de resultar elegida, lo primero sería declarar la reinstauración del texto constitucional de 1961, esto en virtud del dispositivo contenido en su artículo 250 que seguidamente se transcribe textualmente:

“Artículo 250: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia…”

No podríamos evadir tal responsabilidad, primero porque nos obliga la antes citada norma, y luego porque el caos en el que está sumido el país así lo impone.

Como consecuencia de lo anterior, se debe emprender un proceso de emergencia reorganizando el poder público en sus tres componentes originales, vale decir, 1) el Poder Ejecutivo, que sería el cargo de Presidente de la República. 2) el Poder Legislativo con una inmediata elección que se convoque para la conformación del Congreso Nacional en sus dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, y 3) el Poder Judicial que debe ser ejercido por el Órgano correspondiente, esto es, por la Corte Suprema de Justicia cuyos magistrados iniciales, en la primera sesión del Parlamento, elijan en sesión conjunta mediante programación específica que una Comisión Especial determine al respecto.

Por su parte, una vez instalada la Corte Suprema y juramentados sus integrantes, en su primera sesión hagan una designación de quienes ocuparán los cargos de Fiscal y de Procurador respectivamente.

Algo más de tiempo y trabajo tomará la limpieza del personal judicial de los cerca de dos mil tribunales de base y fiscales del Ministerio Público que operan en el país.

Por supuesto, todo ese proceso no será algo de fácil ejecución, pero que deberá irse adecuando a las circunstancias de modo y tiempo en el que se vayan desarrollando, esto bajo el entendido de sus características de reacomodo institucional en el que con seguridad se irán presentando dificultades, pero que habrá que superar para satisfacer el bien común que es salir del caos en el que el país ha estado sumergido en todos estos años.

Con más detalle tuve la oportunidad de explicar esto en la entrevista que a tales efectos tuve con Jaime Baily que se tituló: “¿En Verdad Necesitamos Un Nuevo Proceso Constituyente en Venezuela?”

¡En ti confiamos, María Corina…!

El más reciente de los continuados horrores judiciales que sin pausa se vienen cometiendo en Venezuela es el de una médico, Marggie Orozco, condenada a treinta años de prisión por haber emitido una opinión contra el régimen en un mensaje de WhatsApp. La condena se dictó el 14 de noviembre por delitos de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”. La sentencia fue emitida por Luz Dary Moreno, quien esgrime el cargo de juez 4ª de juicio en la población de Colón, estado Táchira, no siendo éste su primer crimen contra la justicia, contra la humanidad.

Este suceso nos lleva al recuerdo del historial de la “justicia” nazi que tan detalladamente fue narrada en el libro titulado “Los juristas del horror” escrito por Ingo Müller en el que describe el holocausto que simulando justicia se aplicó durante el régimen nazi en Alemania. En esta obra el autor desnuda las intrigas y los manejos de los que se valió el régimen de Hitler para perpetrar sus crímenes que fueron cubiertos de una falsa legalidad pues al igual que viene ocurriendo en Venezuela previamente las leyes fueron modificadas al antojo y conveniencia de la dictadura.

Esto de Venezuela es una copia actualizada de aquel horror nazi por lo que de la misma manera habrá que copiar el remedio que se aplicó en Alemania al caer el régimen para hacer justicia: los juicios de Núremberg donde aquella cuenta quedó saldada con implacables sentencias a la horca la mayoría y cadenas perpetuas a los menos.

Estos “jueces” del régimen criminal no captan que la impunidad no es opción, todos tendrán que responder por ese horror que por años vienen dejando esa estela de dolor de tantas víctimas, pues hasta que eso no ocurra no habrá paz en Venezuela.

El desastre institucional en el que entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro hundieron al país generando un gigantesco y enmarañado sistema de gobierno y de Estado no debe ser tomado como referencia de legalidad alguna para el nuevo gobierno que ha de instalarse, eso hay que sanearlo bajo un régimen de excepción que han de dirigir Edmundo González Urrutia y María Corina Machado para reordénar todo.

Recién iniciado Hugo Chávez en ejercicio de la presidencia pidió al Congreso que se le aprobara una ley habilitante “para atender las emergencias del país” la cual le fue aprobada en medio de una tormentosa actividad de presión de calle que fue el método aplicado en lo sucesivo para doblegar todo posible disenso en el propósito de imponer sus desastrosas ideas que tanto daño han causado.

Luego entre 2002 y 2015 en una Asamblea Nacional bajo su dirección se le aprobaron 375 leyes. También se concedieron tanto a Chávez como a Maduro una cantidad de “Leyes Habilitantes” autorizándoles a asumir funciones legislativas mediante la expedición de 313 Decretos ley anulando así en la práctica las funciones del parlamento.

En peores circunstancias de legalidad, estando aún vigente la constitución de 1961 y sin que lo estuviera esta con la que la sustituyeron, se eliminó la posibilidad de control judicial sobre los actos del gobierno, esto se hizo bajo la invocación de la Asamblea Constituyente mediante un decreto de Reorganización del Poder Judicial en fecha 19 de agosto de 1999 por el cual crearon una “Comisión de Emergencia Judicial” que asumió el control de dicha institución con la cual suspendieron, destituyeron y cambiaron a los cerca de dos mil jueces del país para finalmente eliminar a la Corte Suprema de Justicia en diciembre de aquel mismo año para sustituirla por el Tribunal Supremo de Justicia cuyos magistrados ellos designaron a su gusto y conveniencia, todo esto cuando todavía ni siquiera había entrado en vigencia la nueva constitución que ellos programaron.

INICIADA LA VIGENCIA DEL NUEVO TEXTO CONSTITUCIONAL DE INMEDIATO CHÁVEZ LA VIOLÓ

El 30 de diciembre de 1999 pusieron en vigencia el nuevo texto constitucional “bolivariano” mediante su publicación en Gaceta Oficial 36.860 del 30/12/1969, y de inmediato fue violado por Hugo Chávez, quien la mandó a reimprimir introduciéndole cambios bajo la excusa de que tenía “errores gramaticales, de sintaxis y de estilo” con lo que le cambió a su libre antojo 171 de sus originales artículos.

Y ENTONCES VINO MADURO

Nicolás maduro Moros por su parte se dispuso a repetir la historia y decretó el llamado a una nueva Asamblea Constituyente que puso a funcionar como un aparato “supraconstitucional” y la cual durante 3 años y 4 meses superpuso a todo el ordenamiento jurídico hasta el 18 de diciembre del 2020 cuando la disolvieron sin haber cumplido el objeto para el cual se decretó que fue otra “refundación de la república”

En ese lapso de 3 años y 4 meses esta otra Asamblea Constituyente emitió disposiciones “supra constitucionales” como la suspensión de funciones y atribuciones de la Asamblea Nacional en la cual se sustituyó en su ejercicio a pesar de que ésta fue producto del proceso electoral del 2015.

Seguido a lo anterior, se dictó una “ley constituyente” con una diversidad de ámbitos de aplicación entre los cuales destaca el dispositivo contenido en su artículo 34: “*GACETA OFICIAL 6442 EXTRAORDINARIA”. Plan de la Patria 2019–2025. Artículo 34.******Se aprueba en todas sus partes, para que surta efectos jurídicos y sea de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019–2025*”.

Con ese enunciado se dictaron una cantidad de leyes que generaron graves hechos, entre otros, repito, el desconocimiento de la Asamblea Nacional en funciones desde el año 2015. También se dispuso de dineros del patrimonio público. Todo esto generó otra “legalidad de hecho” a la que originalmente se le estableció una duración de dos años pero sin ton ni son se extendió a más de tres años, desde el 4 de agosto del 2017 hasta el 18 de diciembre del 2020 cuando aprobó otra “ley constitucional” regulatorio de los actos emanados del “poder plenipotenciario” de dicha constituyente.

¿QUÉ LEGALIDAD RIGE EN VENEZUELA?

Ninguna legalidad. Lo que se invoca es todo un marasmo institucional irresponsablemente generado por Chávez y por Maduro. En realidad, Venezuela vive sin Estado de Derecho. No hay norma alguna ni constitucional ni legal, solo tenemos un amasijo de arbitrariedades que se nos ha impuesto como si tuviéramos una constitución y un sistema legislativo de obligatorio acatamiento, pero eso no es así, es tarea de ahora en adelante crear y organizar un nuevo andamiaje legal y administrativo que nos devuelva al sistema democrático. Es la tarea.

Esto fue un planteamiento que en una oportunidad formulé en un acto público y que guarda relación con lo expuesto en este artículo:

“¿Bajo cuáles leyes habrá que juzgar a los criminales que hoy gobiernan a Venezuela?”

https://www.tiktok.com/@noticiassrcasero/video/7562753708333878549?q=Maria%20corina%20machado&t=1760953911371

https://www.instagram.com/reel/DP9-eqADrh4/?igsh=MXdydm95a2ltemJ4MA%3D%3D

He visto una alocución de María Corina publicada por el medio “La Patilla” y reproducida en TikTok y en Instagram que me trajo alegría. Se refirió al caso de los trabajadores que tienen pendientes sus prestaciones sociales que gobiernos fallidos durante años han ignorado. Ella, la lideresa, ha dicho: “…en nuestro caso la deuda laboral es igualmente importante, aquí se le robó, se le estafó a muchísimos venezolanos que dieron una vida de trabajo honesto y de servicio al Estado, y eso se va a reconocer. Obviamente, esto no se puede pagar de un día para otro, y los venezolanos lo entendemos, pero eso se va a reconocer porque es justicia, porque es justo…”

Evidentemente ella se ha referido -entre otros- a los más de veinte mil trabajadores de Pdvsa que fueron despedidos mediante aquellos infames episodios del pito seguido de la brutal arremetida en Punto Fijo (Falcón) sacando a punta de bombas y tiros a los trabajadores que habitaban en la urbanización “Los Semerucos” todo lo cual ha estado en total impunidad y robo de los dineros correspondientes a las prestaciones sociales de aquellas víctimas.

He estado vinculado al citado caso en favor de dicho reconocimiento y pago de los derechos laborales de los trabajadores, el cual, entre otras actividades, tiempo atrás me dispuse a sacar del olvido y emprendí una campaña, entonces propuse que Pdvsa Ad hoc a través de su presidente el ingeniero Horacio Medina firmara un documento reconociendo la vigencia del derecho a las prestaciones de los trabajadores para evitar la traba de la prescripción, pero vista su indiferencia un diputado me coordinó una conversación telefónica con la diputada Dinorah Figuera para que en su condición de presidenta de la AN hiciera eso, hablamos durante casi una hora explicándole todo al detalle pero no se produjo efecto alguno. Algo que desconozco ocurre al respecto en el seno de lo que se conoció como “gobierno interino”, pues de allí, sobre este tema, solo ha habido indiferencia.

Mi reunión virtual con el Dr. Humberto Calderón Berti y el Diputado Césár Pérez Vivas.

Días atrás recibí una llamada del diputado César Pérez Vivas, quien me comunicó el interés del Dr. Humberto Calderón Berti en hablar conmigo sobre el tema a lo que gustosamente accedí y, en efecto, lo hicimos mediante una reunión virtual. En tal oportunidad, expliqué detalladamente el asunto, mi planteamiento del necesario reconocimiento de esa deuda laboral y el abordaje sobre su pago. Ahora ha ocurrido este muy oportuno pronunciamiento de María Corina, en resumen, anunciando que serán reconocidos los derechos de los trabajadores y que se buscará el modo de pagarlos, lo cual celebro. Es una luz de justicia en ese túnel oscuro de la indiferencia.

Citgo está en proceso de remate por deudas que no son suyas, deudas que provienen de sentencias del Tribunal de Arbitraje CIADI contra la República Bolivariana de Venezuela en procesos fraudulentos donde ésta no tuvo representación legal como lo he explicado durante años, procesos que tuvieron como origen reclamaciones de empresas que fueron víctimas de la racha de expropiaciones decretadas por Hugo Chávez.

SE UTILIZA AL SISTEMA JUDICIAL NORTEAMERICANO PARA EJECUTAR UN FRAUDE

Las mencionadas sentencias, producto de los fraudulentos procesos de arbitraje contra la República, fueron trasladadas para ser ejecutadas por el sistema judicial de EE. UU., primero por ante la Corte de Distrito de Washington D. C. que lo autorizó, y luego por la Corte de Distrito de Delaware donde el juez Leonard Stark se tomó la libertad de autorizar que dichos procedimientos se ejecuten contra Citgo, que es una persona jurídica diferente a la que fue condenada, y que incluso no tuvo participación alguna en el mencionado proceso de arbitraje el cual le fue completamente ajeno lo cual constituye un atentado a elementales principios atinentes al derecho a la defensa lo cual podría constituir un hecho ilícito para cuya ejecución se ha utilizado al sistema judicial de Estados Unidos.

La citada autorización la emitió el juez Leonard Stark y para lo cual dictaminó que la persona jurídica PDVSA registrada en Venezuela y la persona jurídica CITGO registrada en EEUU son lo mismo, y que ésta debe responder por las deudas de aquella, esto debido a que en una incidencia procesal sentenció que de la misma manera que Maduro dispone libremente de PDVSA, así lo hizo también Juan Guaidó con CITGO.

El juez Stark en su decisión citó que Guaidó nombraba las juntas directiva de Citgo y que disponía libremente de los dineros de esta, entre otras cosas, para financiar al gobierno interino así como tambien los gastos operativos de la Asamblea Nacional 2015, e igualmente para el pago de los sueldos de los diputados, y ello le fue suficiente para concluir que aún sin haber tenido participación en aquel proceso de arbitraje, Citgo tenía que asumir la carga de la condena que allí se dictó contra la persona jurídica República Bolivariana de Venezuela.

Por su parte el ingeniero Horacio Medina quien funge como presidente de Pdvsa Ad hoc ha estado negando lo afirmado en la sentencia del juez Stark en el sentido de que el gobierno interino de Guaidó hubiese estado disponiendo de los dineros de Citgo, pero es el caso que dicha sentencia del juez Stark fue apelada y la Corte de Apelaciones la ratificó, también el caso fue accionado por ante la Corte Suprema donde no se produjo ningún cambio, es decir que los argumentos del juez Stark fueron ratificados por todas las instancias y quedaron firmes lo cual indica que tal afirmación constituye una verdad judicial, es lo que en derecho se denomina “cosa juzgada” lo cual no admite prueba en contrario, y ello obliga a un examen para determinar responsabilidades por lo siguiente:

Los dineros de Pdvsa Ad hoc y de Citgoestán sometidos a fuertes medidas de aseguramiento por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, de la OFAC, según lo dispuesto en la subsección 1(a)(iii) de la Orden Ejecutiva (EO) 13808 que prohíbe participar en transacciones relacionadas con proporcionar financiamiento para negociar pagos de dividendos emitidos por el gobierno de Venezuela antes del 25 de agosto de 2017 salvo previa autorización, todo lo cual conlleva a la necesidad de exigir a PDVSA Ad hoc, a Citgo y a Horacio Medina que aclaren lo siguiente:

¿Juan Guaidó y las directivas de Pdvsa Ad Hoc-Citgo violan y burlan delictivamente la citada Orden Ejecutiva de la OFAC?

¿Mienten los jueces en sus sentencias al afirmar que el gobierno interino de Juan Guaidó dispuso de los dineros de Citgo o miente Horacio Medina cuando lo niega?

¿Dispuso Juan Guaidó de los dineros de Citgo para gastos operativos del gobierno interino que presidió, como lo afirman las citadas sentencias?

Es de extrema necesidad que mediante una investigación oficial se aclaren estos puntos que, conforme a los resultados que se obtengan se constate si estamos ante una grave irregularidad que hasta podría constituir delito, y para ello se hace impostergable la apertura de un riguroso examen por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de la Oficina de la Fiscalía a cargo de la Dra. Pam Bondi puesto que aquí podríamos estar ante hechos delictivos de alta gravedad, y así se solicita que se haga.

CRL

CUESTIÓN PRESENTADA: Constituye la ejecución por un tribunal de EE.UU. de laudos arbitrales del CIADI un fraude y un exceso de jurisdicción que justifique su nulidadpor las siguientes razones:

(1) Venezuela sufrió indefensión en los arbitrajes CIADI que es el punto de origen del caso, debido a la representación por un funcionario que usurpó las funciones del Procurador General de la República, violando los Artículos 247, 248 y 249 de la Constitución venezolana, lo que anula los laudos por falta de debido proceso (Art. V(1)(b) y priva a la Corte del Distrito de Columbia de competencia para haber ordenado -como lo hizo- para admitir y haber ordenado ser ejecutados por la Corte de Delaware.

(2) los beneficiarios ocultaron deliberadamente acuerdos previos de transacción CCI y pagos sustanciales en procedimientos de ejecución, permitiendo potencialmente una recuperación excesiva sin acreditar dichos pagos, en violación de la Convención de Nueva York de 1958 (Art. V(1)(e)?

Lamentablemente ninguno de estos puntos álgidos para la defensa de Venezuela fueron esgrimidos por quienes tuvieron a su cargo esa tarea, esperamos que la Corte aprecie lo correcto ya que tratándose de aspectos sustanciales para el proceso son vicios inconvalidables.

(1) CASO CONOCOPHILLIPS:

“En abril de 2018, el tribunal del ICC emitió un laudo de aproximadamente 2 mil millones de dólares más intereses a favor de ConocoPhillips. En agosto de 2018, ConocoPhillips celebró un acuerdo de conciliación con PDVSA para recuperar el monto total de este laudo del ICC, que incluía pagos iniciales de aproximadamente 500 millones de dólares dentro de los 90 días posteriores a la firma y el resto pagado trimestralmente durante un período de aproximadamente cuatro años y medio. A la fecha, ConocoPhillips ha recibido aproximadamente 769 millones de dólares en relación con el laudo del ICC.”

Extractos del Formulario 10-Q de ConocoPhillips — Evidencia para Certiorari (Version en Espanol)

Formulario 10-Q — Primer Trimestre 2022 (Q1 2022)

Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163165/000116316522000006/cop-20220331.htm

ConocoPhillips omitió revelar ante la Corte de Distrito que, en agosto de 2018, había suscrito un acuerdo transaccional con el gobierno de Venezuela respecto del mismo laudo arbitral emitido por la CCI. Según consta en los reportes trimestrales Form 10-Q presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en 2022, dicho acuerdo contemplaba pagos iniciales por aproximadamente 500 millones de dólares dentro de los 90 días siguientes a la firma y pagos trimestrales sucesivos, de los cuales la empresa ya había recibido más de 769 millones de dólares para mediados de 2022, en cumplimiento parcial del laudo.

A pesar de ello, ConocoPhillipspromovió una acción ejecutiva separada ante la Corte de Distrito de Columbia solicitando la ejecución total del laudo CIADI, sin informar sobre el acuerdo antes ditado ni los pagos ya percibidos.

Esta omisión deliberada de hechos esenciales, que inciden directamente sobre la proporcionalidad y legalidad de la ejecución pretendida, constituye un fraude procesal que compromete la validez del fallo dictado y vulnera el principio de buena fe y lealtad procesal exigible en juicios que involucran a Estados soberanos.

(2) CASO CRYSTALLEX

Crystallex negoció un acuerdo parcial de pago con Venezuela/PDVSA en 2018, aceptando cerca de USD 500 millones, tras una medida cautelar en Delaware, antes de ejercer recursos formales de ejecución judicial del laudo CIADI.****Este acto implicó una renuncia implícita a requerir ejecución judicial del laudo como “judgment” en EE.UU.

Consecuencias jurídicas, según doctrina de estoppel y renuncia tácita

La jurisprudencia estadounidense reconoce que una parte que acepta acuerdo parcial y se abstiene de ejercer sus remedios judiciales -incluyendo el reconocimiento formal del laudo- renuncia a esos derechos.

Además embargar CITGO/PVH entidad jurídica independiente, tras aceptar un acuerdo voluntario viola el principio de separateness, conforme a las reglas establecidas en NML Capital y Bancec.

Carlos Ramirez López

Como seguramente ustedes tendrán la informacion: el remate de CITGO está en su fase final, mas sin embargo no podemos dejar de utilizar cuanto mecanismo exista para impedirlo que según mi modo de ver son tres:

1° Que logremos la nulidad de todo ese proceso que se inicio por ante el Tribunal de Arbitraje Internacional CIADI donde acudieron las empresas víctimas de las medidas de expropiacion que les decretó Hugo Chávez, y para ello estamos trabajando en un proyecto de demanda tipo Writ of Certiorari por ante la Corte Suprema de Estados Unidos, accion esta que es de naturaleza excepcional de muy dificil admisión, pero que en este caso existen motivos para plantearla y estamos trabajando en ello. La idea es formalizarla la próxima semana porque en esto el tiempo está corto.

En consecuencia se les pide que apoyen esta accion, que a tales efectos ofrezcan una declaracion pública que se una a la de personas naturales y juridicas que tambien lo harán. Las voces de ustedes llegarán con fuerza al centro de decisiones correspondiente.

2°Que en paralelo el Presidente Donald Trump -a solicitud reforzada por ustedes- niegue la autorización legalmente necesaria en base a que la actividad de Citgo está directamente vinculada a un tema de seguridad interna de Estados Unidos como es la comercializacion y refinacion de mas de 800.000 barriles diarios, así como el servicio de suministro de combustibles en cerca de 5000 estaciones de servicios en todo el país.

Como saben, esto es un compromiso venezolano.

Carlos Ramírez López

Diversas empresas extranjeras, entre ellas Crystallex y ConocoPhillips, han recurrido a las Cortes federales de EE. UU., particularmente la Corte del Distrito de Columbia, en Washington DC, en demanda de que se autorizara la ejecución forzosa de ilícitos, fraudulentos, laudos arbitrales****emitidos contra Venezuela. Tales acciones se han amparado en la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros. Esto lo han estado haciendo con el propósito de ejecutar activos estratégicos del Estado venezolano como la empresa CITGO Petroleum Corporation.

Sin embargo, lo que ha quedado oculto — de forma deliberada — ante dichas Cortes, es que esas mismas empresas sostuvieron acuerdos previos, tratativas confidenciales e incluso recibieron pagos significativos de parte del Estado venezolano, lo que modificó sustancialmente la relación jurídica original derivada del arbitraje. El ocultamiento de estos hechos constituye un fraude procesal y una violación directa al deber de buena fe procesal(duty of candor) ante los tribunales norteamericanos.

Más allá del fraude por omisión, por ocultamiento de la debida informacion a las Cortes Norteamericanas, también constituyen una violación al principio fundamental de Soberanía de Ejecución, consagrado expresamente en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que “Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias.”

Los aludidos laudos arbitrales provienen del CIADI, organismo que en su propia normativa creacional, específicamente en el artículo 55 del Convenio, en vinculacion directa a dicha normativa constitucional interna de Venezuela, establece el derecho soberano de cada Estado a determinar conforme a su propio orden constitucional los mecanismos y condiciones de ejecucion de dichos laudos, normativa especifica, fundacional, que no admite interpretacion distinta a su texto, mas sin embargo ha estado siendo violada recurrentemente en todos y cada uno de los casos que se vienen practicando abusiva y fraudulentamente en la jurisdiccion de los Estados Unidos de Norteamerica a pedido de las grandes empresas demandantes, asistidas de muy poderosos bufetes de abogados y sin la debida oposicion especifica de quienes han estado a cargo de la defensa de la patria, llevando al país a esa injusticia de arrebatarle un bien que se necesita fundamentalmente para su recuperacion del desastre humanitario en que se encuentra.

En otras palabras, las empresas demandantes no solo engañaron a la Corte de Washinton DC, a la Corte de Delaware y otros tribunales norteamericanos al omitir hechos materiales relevantes, sino que además forzaron al sistema judicial de Estados Unidos a ejecutar actos que son contrarios al orden constitucional interno venezolano, y al propio orden del arbitraje internacional, y por tanto de obligatoria anulacion que demandaré por la Corte Suprema de Estados Unidos de Norteamerica en honor a sus maestros creadores, en honor a John Adams a quien aquí especialmente invoco.

El efecto de todo esto no es menor: los tribunales federales de Estados Unidos han sido inducidos a participar, sin observarlo, en una cadena de actos procesales nulos o viciados de raíz, que vulneran principios básicos del derecho internacional, el respeto a las constituciones nacionales, y el deber de transparencia procesal.

La demanda de certiorari que estoy trabajando solicitará que la Corte Suprema revise esta situación con sentido de justicia, respeto al derecho comparado y compromiso con la verdad. No se trata solamente de proteger a Venezuela, se trata además de proteger la legitimidad del sistema de justicia norteamericano, que en estos casos ha sido instrumentalizado como herramienta de presión económica y política mediante procedimientos que no se ajustan a los principios de buena fe ni a las normas internacionales aplicables.

Este caso es una oportunidad histórica para reafirmar que ningún tribunal puede ser instrumento de fraude, y que la soberanía jurídica de los Estados — sea cual sea su situación política — debe respetarse como principio fundamental del derecho internacional y constitucional.

Carlos Ramirez López, abogado orgulloso de se ciudadano venezolano, pero tambien orgulloso de ser ciudadano norteamericano.

EL CASO

Al igual que ocurrió con Crystallex, esta ConocoPhillis escogió la via del arreglo amistoso con el gobierno de Nicolás Maduro para que se le pagara el monto de la condena que a su favor dictó el CIADI en el proceso de arbitraje que instó. En el mes de agosto de 2018 las partes llegaron al acuerdo por la suma de dosmil cuarenta millones de dólares (2.040 MM$) y a tales efectos ambas partes firmaron un acuerdo confidencial para el pago que establecía una inicial por 500 millones US$ y un cronograma de pagos trimestrales durante 4 años y medio. Según documentos de la propia empresa ante la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC), ConocoPhillips recibió más de 770 millones de dólares en cumplimiento parcial de ese acuerdo antes de declarar el supuesto “incumplimiento” de PDVSA en 2019.

La empresa se comprometió a suspender las acciones judiciales de ejecución del laudo mientras PDVSA cumpliera el calendario de pagos.

EL FRAUDE PROCESAL.A pesar de haber escogido la vía del arreglo extrajudicial y de haber recibido pagos sustanciales bajo dicho acuerdo, ConocoPhillips acudió a los tribunales federales de Washington D.C. para pedir la ejecución del laudo, esto sin informar a la Corte de la existencia del acuerdo de 2018 ni de los pagos ya recibidos. Esta omisión privó al tribunal de un elemento esencial para evaluar la procedencia y proporcionalidad de las medidas solicitadas por ConocoPhillips.

Lo anteriormente explicado representa un engaño a los tribunales****al ocultar hechos materiales que hubieran cambiado el contexto del caso y tambien muy importante, al haber elegido primeramente la vía del acuerdo privado la empresa renunció implícitamente a continuar la ejecución del laudo arbitral como lo hizo en tribunales bajo la Convención de Nueva York, que en estos casos no aplicaba, no aplica, ya que lo que le correspondía era acudir a los tribunales ordinarios del lugar de firma del acuerdo para demandar su cumplimiento, para demandar la ejecucion.

Este ocultamiento de información vital constituye un fraude procesal que afecta no solo a Venezuela y a sus activos en el extranjero, sino a la confianza misma en la transparencia y la buena fe que deben regir los procesos judiciales internacionales, y sobre todo por engaño mancha el buen historial de sistema de justicia de Estados Unidos.

Por supuesto quer aquí, al igual en el caso anterior, el de Crystallex, cabe preguntar a quienes intervinieron en estas actuaciones el porqué eso lo han ocultado, porqué esto no se ha denunciado.

En caso de que el antes mencionado acuerdo entre las partes comprendiera cláusulas de confidencialidad y de que los dineros avanzados los perdería Venezuela, eso no debiera haberse ocultado pues la honestidad que ha de regir un proceso de esta magnitud, de esta naturaleza, cuando menos debió aclararse en la demanda que ConocoPhillips interpuso para ejecutar un Lado que ya en parte estaba cumplido y que tampoco fue llevado para ejecucion en los tribunales del país como es exigencia del propio Convenio CIADI sobre la necesaria actividad ejecutoria por los tribunales nacionales venezolanos antes de acudir al mecanismo del Convenio de New York para hacerlo en EEUU.

Este es el segundo elemento que formará parte de mi demanda Certiorari que llevaré a la Corte Suprema para lo cual solicito el apoyo ciudadano.

Para cerrar pregunto a quienes interviniéron en este fraude, sobre todo a quienes lo hicieron en nombre de Venezuela: ¿porqué han mantenido en secreto esos acuerdos generando así un inmenso daño económico al país?

¿Es que acaso se llegaron a arreglos con los demandantes en este, al igual que en el caso antes tratado, el de Crystallex, para desembolsar esas inmensas cantidades de dinero a escondidas incumpliendo a proposito el resto para que se quedaran perdidos a beneficio personal de algunos de los actores en este manejo?

Como fue que del acuerdo celebrado entre Conoco y Venezuela por en agosto de 2018 la suma de dosmil cuarenta millones de dólares (2.040 MM$) y de los cuales en el arreglo amistoso se avanzaron 770 millones que se perdieron y luego se pasó a una sentencia por 8.500 millones?

FINALMENTE: ¿Por qué ConocoPhillips no informó al tribunal de Washington D.C. sobre el acuerdo de 2018 y los más de 770 millones de dólares que ya había cobrado? ¿Por qué quienes han representado a Venezuela en este caso no han denunciado este fraude? ¿Se ha rendido cuentas de esos pagos parciales y de su impacto en las deudas que se reclaman hoy?

UN LLAMADO A LA ACCIÓN.Como venezolano y afectado directo por estos procesos, anuncio que este será uno de los argumentos centrales de la demanda (Writ of Certiorari) que presentaré ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, solicitando la nulidad de todo lo actuado por violaciones graves al deber de transparencia y buena fe procesal. No podemos permitir que, con omisiones tan graves, se despoje a la Nación de sus activos en el extranjero. Venezuela merece que se haga justicia.

RESUMEN DE ESTE CASO CONOCOPHILLIPS

• Laudo ICC y acuerdo: Laudo ICC de 25‑abr‑2018 (USD 2.040 mil millones) contra PDVSA. En agosto 2018 acuerdo privado: USD 500 millones en 90 días + pagos trimestrales (4,5 años); suspensión de la ejecución; cobros superiores a USD 700 millones (2018–2019) antes del default y reanudación de medidas.
• Omisión ante D.D.C. en CIADI. Conoco solicitó en D.D.C. la ejecución íntegra del laudo CIADI contra la República, ocultando el acuerdo ICC‑2018 y los cobros asociados, materiales para la proporcionalidad y la prevención de doble recuperación.
• Fraude procesal por ocultamiento. La ejecución se obtuvo sin divulgar acuerdos y pagos centrales al análisis remedial.
• Deber de frnqueza. La integridad del foro federal exige registro completo para evitar enriquecimiento indebido y deccsiuones desproporciónadas.5. Eleccion de remedios/renuncia implicita. Quien opta por la transaccion con suspension asume como mínimo el deber de divulgar íntegramente. Utilizar el Convenio CIADI para burlar tales acuerdos es improcedente.

6. Interés federal y uniformidad. Garantizar la integridad del sistema estadounidense d ejecucion de laudos y la confianza de la comunidad internacional.

RESUMEN DE MI DEMANDA

I. El ocultamiento material constituyó fraude procesal. Estándares, materialidad y aplicación a Crystallex y Conoco.

II. Elección de remedios. La vía contractual desplaza/condiciona la ejecución inmediata del laudo; la Convención/CIADI no son vías para obviar transacciones y pagos.

III. El error no es inocuo. Corresponde anular y remitir para valorar el registro completo y evitar doble recuperación.

Como lo he anunciado antes, he estado trabajando y ya tengo casi terminada la demanda que me propongo consignar por ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en la cual plantearé la nulidad del proceso por el que se está rematando a Citgo. La acción se planteará bajo la forma denomina Writ Certiorari que no es algo fácil de elaborar pues las reglas que al respecto rigen son estrictas y muy diferentes a nuestros recursos procesales.

El recorrido del proceso cuya nulidad estoy demandando se inició el 4 de abril de 2016 cuando en el CIADI emitio sentencia (Laudo) condenando a Venezuela a pagar resarcimiento a Crystallex por la expropiación decretada por Hugo Chávez.

Entre otras razones, y solo para motivar interés en el apoyo que se requiere para esta actuacion, aquí doy a conocer uno de mis argumentos para el caso, argumento que considero de una poderosa fuerza para exigir la nulidad de todo el procedimiento que se ha llevado y que se está llevando contra Venezuela.

MI PRIMERA DENUNCIA PARA QUE SE ANULE EL CASO CRYSTALLEX

Como se sabe, la empresa canadiense Crystallex fue la primera que abrió el camino a otras para demandar a Venezuela por ante el CIADI habiéndose llegado a un cúmulo de sentencias o laudos arbitrales que hoy nos tienen a punto de ejecutar CITGO. Mis investigaciones me han llegado a concluir en que tanto esos procesos de arbitraje como su prosecucion por ante la Corte de Delaware están afectados de inconvalidable nulidad absoluta

COMO SE DESARROLLÓ EL FRAUDE EN EL CASO CRYSTALLEX.

En septiembre de 2018, Crystallex y la República Bolivariana de Venezuela celebraron un acuerdo de transacción confidencial, aprobado judicialmente por la Corte Superior de Justicia de Ontario, Canadá. En virtud de dicho acuerdo, Venezuela realizó un pago inicial sustancial de 425 millones de dólares y se comprometió a efectuar otros pagos mediante instrumentos negociables. A cambio, Crystallex suspendió sus acciones de ejecución por un período determinado, con la posibilidad de reactivarlas en caso de incumplimiento.

Pese a la existencia de este acuerdo vinculante y aprobado judicialmente, Crystallex omitió deliberadamente revelarlo al presentar su demanda de ejecución del laudo arbitral ante la Corte del Distrito de Columbia. Esa extraña e indebida omisión privó a la Corte de un elemento material de juicio, constituyendo una violación al deber de sinceridad y buena fe procesal que rige todo proceso judicial.

Esta conducta afecta gravemente la validez del proceso de ejecución y desacredita la pretensión de Crystallex de actuar conforme al Convenio de Nueva York.

Además, el hecho de haber optado por negociar, recibir pagos sustanciales y suspender voluntariamente las acciones judiciales revela una renuncia implícita a ejercer el derecho de ejecución conforme a los mecanismos estrictos del Convenio de Nueva York. Tal renuncia, aunque no formalizada expresamente, es evidente por sus actos, y como tal, invalida el uso posterior del proceso en Washington D.C. y su posterior prosecución ante la Corte de Delaware sin haber revelado esa elección consensuada de vía alternativa.

QUEDAN AL AIRE PREGUNTAS COMO:

¿Porqué quienes han ejercido la representacion de Venezuela en este proceso no han denunciado tan escandaloso fraude?

¿Se ha rendido cuentas de eos dineros adelantados y perdidos en este caso?

¿Estamos ante un gigantesco fraude procesal por ocultamiento a la Corte de Distrito de Washingto DC del citado precedente registrado en la Corte de Ontario?

CONTINUARÁ…

Como lo he anunciado, me propongo interponer una accion de las denominadas Writ Certiorari por ante la Corte Suprema de estados Unidos solicitando que se declare la nulidad de todo el proceso en el que se está tramitando el cobro de sentencias de arbitraje emitidas por el CIADI contra Venezuela.

Este tipo de accion es de naturaleza extraordinaria cuando ya no existan los recursos ordinaros para el ataque, la Corte tiene la potestad de admitirlas a trámite o denegarlo sin explicacion alguna; solo el 2% son aceptadas para su examen, pero a pesar de eso estimo que hay que atreverse a hacerlo.

He redactado el escrito que contiene tres argumentos ninguno de los cuales han sido invocados por quienes han aparecido ejerciendo la representacion juridica de PDVSA Ad hoc/CITGO, aqui les comunico el primero de ellos, los otros dos los iré publicando tan pronto me sea posible.

Esto lo hago para la consideracion pública y en tal sentido las opiniones que se me emitan serán bien recibidas para considerar la posibilidad de incorporarlas si fuere el caso, sobre todo si provienen de colegas abogados, y si quien me las haga saber prefiere que no divulgue su nombre, su identificación, así lo cumpliré.

Favor escribirme a: drleycrl@gmail.com

Los argumentos que aquí invoco no han sido utilizados antes por quienes han actuado en representacion del país desconozco los motivos.

ESTE ES EL PRIMER PLANTEAMIENTO:

En las últimas dos décadas, múltiples empresas extranjeras han acudido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para demandar a la República Bolivariana de Venezuela, obteniendo laudos arbitrales por actos expropiatorios. Las empresas beneficiarias de dichos laudos — como ConocoPhillips, Crystallex International Corp., Rusoro Mining Ltd., Tenaris S.A., OI European Group B.V., Gold Reserve Inc., entre otras — , acudieron directamente a la Corte del Distrito de Columbia en Washington, invocando el denominado Convenio de New York el cual fue creado especificamente para esa finalidad, la de instrumentar la ejecucion de laudos por los tribunales norteamericanos, o sea, para solicitar el pase a ejecución de esos laudos por tribunales norteamericanos, esto sin haberse hecho un intento previo de solicitar su ejecución en el sistema judicial venezolano en acatamiento a la regla de soberania de jurisdcción para la ejecucion de sentencias.

Las corte del Distrito de Columbia, ha otorgado ese pase a ejecución de manera automatica, sin exigir como requisito mínimo el agotamiento previo de los mecanismos internos del Estado deudor, en este caso, Venezuela. Esto constituye una violación al artículo 253 de la Constitución venezolana, que establece que toda decisión debe ejecutarse por medio de órganos jurisdiccionales y con sujeción al debido proceso, y así demando que se declare mediante sentencia que anule el citado fallo de la Corte de Distrito el cual constituyó una usurpación de atribuciones generando un vicio de origen que infectó a todos esos juicios que cursan actualmente por ante la Corte de Delaware.

En mi demanda formularé las siguientes interrogantes respecto a la violación al principio constitucional de “Soberania de ejecucion”

• ¿Fue legítima y ajustada a derecho la decisión de la Corte Federal del Distrito Columbia de Washington DC de otorgar el pase a ejecución de un laudo arbitral CIADI contra la República Bolivariana de Venezuela sin que el beneficiario del laudo haya intentado previamente su ejecución en los tribunales del país deudor, desconociendo así el principio de “soberanía de ejecución” garantizado por la Constitución venezolana establecido en su artículo 253 y garantizado en el Convenio CIADI?
• ¿Viola el debido proceso de un Estado soberano que cortes federales estadounidenses ejecuten laudos arbitrales CIADI sin que se haya cumplido la condición de agotar los mecanismos de ejecución interna del país afectado, basándose únicamente en supuestos no alegados, ni intentados, ni mucho menos comprobados.?
• ¿Es compatible con el Convenio CIADI y la Convención de Nueva York que tribunales de un tercer Estado, como EEUU, ejecuten directamente un laudo arbitral sin que se haya producido una negativa expresa o una imposibilidad material real y comprobada de ejecución en el país de origen?
• Es de destacar que el artículo 54 del CIADI dispone que la ejecución del laudo debe hacerse “como si fuera una sentencia firme del tribunal del país”, lo cual implica someterlo a las condiciones y garantías del orden interno del Estado requerido.CONCLUSIÓN DE ESTE ARGUMENTO: El mecanismo de la Convención de New York que permite ejecutar los Laudos arbitrales por los tribunales norteamericanos solo es accesible una vez que se hubieran agotado las gestiones para que dicha ejecucion se practicara por los tribunales venezolanos y ello no le hubiera sido posible al beneficiario de dichos laudos. Esta condicion debe ser alegada y probada para que la Corte de Washington adquiera competencia. En ninguno de los casos que están por rematar CITGO cumplió con ese requisito por lo que esta Corte usurpó atribuciones y nunca adquirió la potestad para haber hecho lo que hizo.

Sobre el caso Citgo, se les informa y solicita:

Vista la última determinación de la Corte Federal de Distrito de Delaware dando por concluida la puja favor de uno de los postores para rematar Citgo, todavía quedan dos posibilidades para salvar a Venezuela de ese desastre, y estas son:

PRIMERO: El Presidente Donald Trump con base a la ley interna de Estados Unidos puede invocar razones de seguridad nacional y ordenar al Departamento del Tesoro (OFAC) denegar licencia para consumar la transferencia efectiva de las acciones rematadas.

SEGUNDO: También podría coordinarse con el Departamento de Justicia una urgente intervención jurídica demandando por ante la Corte Suprema la nulidad de todos esos laudos emitidos por el tribunal de arbitraje CIADI bajo el desarrollo de un gigantesco fraude que son la base de las condenas que contra Venezuela se han emitido en Delaware, esto porque 1)Todo nació y originalmente se desenvolvió fraudulentamente ante el CIADI por falta de representación legítima de la parte demandada RBV. 2)Que en esos procesos fraudulentos se emitieron sentencias que fueron trasladadas para su ejecución hacia los tribunales de Estados Unidos involucrando e infectando así a su sistema judicial en estos crímenes por lo cual con carácter de extrema urgencia se debe demandar su nulidad por ante la Corte Suprema pidiendo medida cautelar de suspensión del proceso mientras se dicta decisión.

Es que el remate de CITGO requiere una licencia específica de la OFAC para que pueda efectivamente ejecutarse y perfeccionarse el traspaso de acciones. Es decir, aunque el juez ordene la venta, sin la autorización de OFAC, esta no puede concluirse.

CONCLUSIÓN

La OFAC puede — si así lo decide el Ejecutivo — bloquear la operación por razones de política exterior o de seguridad nacional. Este comité tiene la facultad de revisar inversiones extranjeras cuando puedan representar una amenaza a la seguridad nacional. Y si así lo determina, puede recomendar al Presidente bloquear o deshacer la transacción.

Al respecto se advierte que esta empresa que ha sido seleccionada para el remate de Citgo es filial de la canadiense que se denomina Gold Reserve,empresa extranjera que ahora utiliza a otra firma de su propia creacion como es Alinar Energy Corporation (filial de Gold Reserve) a favor de la cual el Ciadi sentenció a favor del fraudulento proceso de arbitraje que da origen a este caso según consta en expediente ARB (AF)/09/1.

Por lo tanto

Se le pide al presidente electo Edmundo González Urrutia y a la lideresa María Corina Machado que intervengan con la urgencia que el caso amerita, ante las autoridades de Estados Unidos para hacer prevalecer la justicia contra la cual se han cometido gravísimas violaciones, y 1) La OFAC niegue autorización para el remate, y, 2) El Departamento de Justicia demande la nulidad de todo lo actuado por los tribunales norteamericanos en este caso como fue el trámite efectuado por ante la Corte Federal de Distrito de Washington DC y el realizado por ante la Corte Federal de Distrito de Delaware.

Carlos Ramírez López

El juez federal Leonard P. Stark, del distrito de Delaware, recomendó preliminarmente la oferta de 7.380 millones de dólares presentada por Dalinar Energy Corporation (filial de Gold Reserve) como ganadora de la subasta de PDV Holding, matriz de Citgo Petroleum.

La oferta cubriría 11 de los 15 acreedores identificados y es la propuesta más alta que cumple con los requisitos establecidos por la corte. Quedarán sin cobrar 4 de los participantes en este procedimiento.

Hasta mañana 9 de julio se recibirán posibles objeciones a esa determinación, y la decisión final de la Corte fue fijada emitir hasta el 18 de agosto.

Con esta determinación quedan por fuera y pendientes de cobrar: Hungtinton Ingalls y los bonistas agrupados bajo el Bono PDVSA 2020. El monto de esta acreencia es de 1.700 millones de dólares que quedarían adeudados.

El caso del Bono PDVSA 2020 aún está esperando decisión sobre su validez.

Situación actual:

• La venta fue recomendada por el juez Leonard Stark el 3 de julio y está pendiente de una audiencia final el 18 de agosto .
• Sin embargo, incluso con esa recomendación, no se puede trasferir la propiedad de las acciones a Dalinar (Gold Reserve) hasta contar con una licencia oficial de la OFAC del Departamento del Tesoro, requisito indispensable debido a las sanciones vigentes contra Venezuela .
• El 20 de junio de 2025, la OFAC extendió una licencia general que protege a Citgo de acciones de acreedores, válida hasta el 20 de diciembre de 2025 . Esta licencia impide cualquier transferencia de acciones sin su aprobación clara por parte del Tesoro.✅ En resumen:

• Se emitió la decisión preliminar del juez Stark
• Se fijó la audiencia final ante el tribunal el 18 de agosto.
• Se espera por autorización OFAC/Tesoro que es el paso que determina si legalmente se puede concretar la venta.Sin esa autorización bancaria y regulatoria, incluso ganando en corte, la transacción no se puede ejecutar formalmente, todavía hay chance de salvar a Citgo, pero hay que correr…!

VER: ATENCIÓN Dr. Edmundo Gonzalez Urritia. Dra. María Corina Machado

Me refiero a lo que el colega -obviamente confundido- expone en un video generando la falsa idea de que definitivamente se ha salvado a CITGO, que ha fracasado el intento para su remate y con esto, aunque sin intención, produce la falsa impresion de que no es necesario mas nada, que el peligro se ha disipado. Otro comentarista, Norbey Marín, se sumó y agravó la dañina tergiversación.

En dicha exposición el apreciado abogado Orlando Viera Blanco ha publicado una información equivocada sobre el proceso que contra CITGO lleva un bonista que no forma parte, que no está participando, en el procedimiento de remate que se lleva por ante el Juez Leonard Stark de Delaware. Esto que cita el colega trata de un juicio aparte, es un proceso muy diferente. Este al que él se refiere es una demanda individual por cobro unos papeles denominados “Bono PDVSA 2020”, mientras que el proceso de remate de Citgo es a causa de 16 sentencias o laudos emitidos por el Tribunal de Arbitraje Internacional CIADI relativas a demandas que intentaron empresas expropiadas por Chávez. Cristallex la primera de ellas.

El Dr.Viera Blanco allí textualmente dice:

“Atención.‼️Victoria de PDV Holding y CITGO en Corte Federal en NY.

La sentencia de la Corte Federal de Nueva York del 25 de junio de 2025 establece que PDV Holding (PDVH), dueña de CITGO, no es una extensión de PDVSA. Esto protege a CITGO de ser incautada por deudas de PDVSA. Beneficia a los venezolanos porque:

1.⁠ ⁠Preserva CITGO, un activo clave para la recuperación económica. 2.⁠ ⁠Limita el control de Maduro, quien no representa los intereses del pueblo. 3.⁠ ⁠Apoya los esfuerzos de la oposición para un futuro democrático.Esta decisión puede cambiar el rumbo del juicio intentado por acreedores de la Republica de Venezuela [irresponsables acreencias de Chávez et al] en Delaware, y evitar que CITGO sea rematada por responder a deudas [mal contraídas] de la República de Venezuela. 🇻🇪Felicito a todo el equipo de abogados de PDV Holding, a su directiva, a la directiva de @PDVSA_AdHoc, ex procuradores del Gobierno Interino [quiénes han coordinado esta defensa responsablemente] y a la Asamblea Nacional 2015, por su arduo trabajo aclarando, tutelando y protegiendo frente el mundo, los intereses de CITGO.”VER: https://x.com/ovierablanco/status/1938950066179371220LA VERDAD QUE HE ESTADO EXPLICANDO POR AÑOS Y QUE NO ME CANSARÉ DE HACERLO ES LA SIGUIENTE:La amenaza que se cierne sobre CITGO radica en dos puntos de conflicto diferentes: 1) La ejecucion de dieciseis multimillonarias y fraudulentas sentencias que contra la república tramitó el tribunal de arbitraje CIADI por cobro de indemnizaciónes a empresas expropiadas por Hugo Chávez, y 2) La deuda por el multimillonario y fraudulento Bono Pdvsa 2020 que emitio el gobierno de Maduro poniendo como garantia el 51% de las acciones del país en la empresa Citgo.El primero de los citados casos comprende a varias empresas que trasladaron las sentencias CIADI a EEUU para ser ejecutadas por sus tribunales donde se concedio que dichas ejecuciónes se hicieran, no contra la República que fue la condenada, sino contra CITGO que no fue parte de aquellos procesos. Es aquí donde se tramito todo el juicio bajo la famosa tesis del “alter ego” que en resumen puede decirse que ésta persona jurídica -CITGO- es “el otro yó” de la persona juridica RBV y por tanto las deudas de esta se le pueden cobrar a aquella, y de allí partió el proceso para el remate de Citgo, proceso que ya se encuentra en fase final solo detenido momentáneamente esperando una consulta que la Corte envió a las autoridades del gobierno norteamericano.El antes comentado megaproceso contra Citgo ya está en fase final, en fase de ejecucion, en derecho no hay recurso ordinario para detenerlo, eso solo podría lograrse bien mediante la prohibicion del remate de parte del gobierno del presidente Trump por tratarse de una empresa de interés para la seguridad interna de EEUU, o tambien por una decision de la US Supreme Court que pudiera darse por un recurso extraordinario -que es lo que he estado proponiendo- argumentando que las sentencias que se están ejecutando, las del CIADI, son un fraude porque la parte demandada, la RBV, no tuvo defensa legal en ellos. Pero hasta ahora lamentablemente esa sugerencia no ha sido escuchada por quien tiene la posibilidad de plantearla que no es otro que Horacio Medina con la Directiva de PDVSA Ad hoc que él preside.2.a) El segundo caso sobre el Bono Pdvsa 2020 todavía no está participando activamente en el proceso de remate. Aquí está ocurriendo lo siguiente: El mencionado bono fue demandado en nulidad por ante la Corte Federal de Distrito de New York a cargo de la juez Katherine Folk Pailla, demanda que interpuso el ingeniero Horacio Medina en su condicion de presidente de Pdvsa Ad hoc. En un primer momento esa demanda fue rechazada, fue declarada sin lugar por la Corte. Hubo apelación la cual fue declarada con lugar, se revocó el fallo. El caso se devolvió a la juez Katherine Folk Pailla para que emitiera un nuevo fallo considerando la influencia que en él pudiera tener la ley venezolana referente a la nulidad del bono. Eso está en curso, todavía no ha habido sentencia. Esto todavía no participa del proceso de remate.2.b) Hay un tercer caso: Una persona jurídica encargada de cobrar unos de esos bonos, actuando fuera del grupo de la anterior demanda lo hizo aparte invocando el argumento de “alter ego” fue directamente contra CITGO y pidió que se le incluyera en el proceso de remate aún cuando el deudor es otra persona juridica diferente, es la República Bolivariana de Venezuela. El juez del caso rechazo la demanda porque la demandante no llegó a probar que CITGO es “alter ego” de la RBV. El pronunciamiento es individual solo para ese caso, no abarca todos los anteriores, ni tampoco tiene que ver con el procedimiento de remate, ni con el juicio que se lleva por ante la corte de Delaware. Esa sentencia no incide en nada en el proceso de remate antes comentado como de manera equivocada lo ha dicho el Dr. Viera Blanco y luego el señor Norbey Marín.

Este es el caso que en los registros de la Corte aparece identificado así:

UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

G&A Strategic Investments I LLC, et al., Plaintiffs, and Girard Street Investment Holdings LLC, Plaintiffs, -v- Petróleos de Venezuela, S.A., PPSA y PDV Holding, Inc., Defendants.

Civil Action Nos. 1:23-cv-10766 (JSR), 1:23-cv-10772 (JSR), 1:24-cv-04448 (JSR). Document 236 — Filed May 20, 2025.

ES AQUÍ DONDE SURGIÓ LA CONFUSIÓNafirmándose****que Citgo se salvó del remate porque el juez rechazó esta otra demanda.

Esa confusión es perjudicial porque generan la falsa percepcion de que eso ya es problema resuelto y hasta se extienden en felicitaciones a la directiva de PDVSA Ad hoc (Horacio Medina) quien ha sido reacio a demandar la nulidad de las fraudulentas sentencias del CIADI que es el verdadero motivo para el riesgo que hay de perder CITGO.

Este señor Horacio Medina lo que merece es recriminarle su falta por no accionar contra las fraudulentas sentencias del CIADI producidas en juicios donde la demandada no contó con representante legítimo sino que se simuló por medio de un usurpador, un encargado del encargado de la Procuraduría General de la República

Sobre la sentencia del juez Jed S. Rakoff de la Corte del Dtto. Sur de New York que es la de la celebración del Dr. Viera Blanco y del Sr. Marín, les aclaro que no tiene nada que ver con el remate, eso sigue su curso y solo espera por la decisión del gobierno norteamericano para ejecutarlo. Lamentablemente esa postura del colega Viera Blanco hace creer que es problema resuelto, y que el tema del “alter ego” ha sido procesalmente destruido, solo que en este caso particular, en este caso individual y concreto la parte demandante NO LOGRÓ PROBAR la tesis del Alter ego por la cual la Corte le rechazó la petición de que ese bono también se le cobrara a CITGO.

RESPECTO AL SEÑOR NORBEY MARÍN

!

En un programa que él tiene se dispuso a intervenir en el tema y en el minuto 2:44 en adelante dijo lo siguiente: “…pero esta sentencia lo cambia todo. Al declarar que Pdvsa holding opera independientemente de Pdvsa la Corte ha levantado un muro legal que blinda a Citgo de ser embargada por las deudas de la estatal petrolera…” VER:

https://www.youtube.com/live/STvLAsj4rao?si=lADuHX2qXQslQCfu

Eso es falso, no hay ningún muro legal que blinde a Citgo de ser embargado por deudas que no son suyas. Tan atrevida afirmación del señor Marín aventurándose a lanzar tal conclusión que conlleva una gran profundidad jurídica es censurable. De existir tal muro legal blindando a Citgo de ser embargada como afirma ya habrían estado levantado el proceso de remate el cual por el contrario ya está en fase final.

Parecería una petulancia -pero no lo es- enrostrarle al señor Marín que llevo nada menos que nueve años tratando a con seriedad y profundidad este asunto de especialísima condición jurídica donde están envueltos temas como la Constitución y leyes de Venezuela, Tratados internacionales como el suscrito entre Canadá y Venezuela, el Tratado de Nueva York que se utilizó para trasladar a la jurisdicción norteamericana la ejecución de los fallos de arbitraje, el Convenio CIADI, entre otros, estudiándo, publicando infinidad de artículos de prensa así como exposiciones en muchos programas de opinión, pero me veo obligado hacerlo por su extrema audacia de exigirme que le ofrezca disculpas por haberle cuestionado su equivocada intervención en el caso lanzando conclusiones tan absurdas tan falsas como esa de que “Se ha levantado un muro legal que blinda Citgo de ser embargada por las deudas de la estatal petrolera”, con lo cual no solo es que ofende todo el trabajo que vengo haciendo al respecto, sino además difundiendo la idea de que todo quedó solucionado con ese “muro legal” de su fantasiosa imaginación.

RESUMEN DE ESTE NUEVO CASO Y LA SENTENCIA QUE COMENTO: La decisión del juez Rakoff está resumida en 4 determinaciones sobre las peticiones de la demandante, lo que constituye el dispositivo del fallo, estos son: Peticiones I y II: que se declare la responsabilidad de Pdvsa sobre el Bono. El juez lo concedió, y esto no sería ninguna sorpresa porque en esos instrumentos aparece la garantía de la empresa PDVSA sobre ellos. Peticiones III y IV: que se declare la responsabilidad de PDV holding que aun cuando se trata de una persona jurídica independiente, registrada de esa manera en EEUU, debe responder por esos bonos en razón de la tesis del “Alter ego” eso se rechaza, y en el texto del fallo puede verse que tal rechazo se debe a que la parte demandante no llegó a demostrar que dicha tesis estuviera presente en este caso específico de la demanda.

Es decir, es falso que se haya establecido que el alter ego no existe, sino que en este caso particular la demandante no lo demostró, eso es otra cosa.

Es que la existencia de un alter ego que se alehgue en un proceso es una cuestión de hecho que debe comprobarse en cada caso, no es una determinación automática ni general a todos los casos, depende de la actividad probatoria que las personas demandantes hagan en cada caso, y lo ratifico así este señor Marín se moleste.

Lo anterior implica la falsedad de lo afirmado por el señor Marín de que en tal sentencia “se ha levantado un muro legal que blinda a Citgo de ser embargada por las deudas de la estatal petrolera”, NÓ, ese muro legal no lo hay en general para todos los casos pues ello debe demostrarse en cada caso, uno por uno, no es una determinación general pues de haber sido así ya se habría exigido la nulidad de todo el proceso y quedaría suspendido el dicho trámite parea rematar CITGO

Las afirmaciones del seños Marín que comento las hizo en su programa y este es el link:

- YouTubeEnjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on…www.youtube.comhttps://www.youtube.com/live/STvLAsj4rao?si=pN7oKRYO1DnhrlMeEl resumen de lo decidido por el juez Rakoff y que consta en autos dice:

Reclamos I y II: PDVSA y PPSA responsabilizadas por ciertos pagarés — victoria para los demandantes.

Reclamos III y IV: basados en la teoría de “alter ego” con respecto a PDVH, fueron rechazados — se protege a la filial estadounidense.

El tribunal denegó la petición de embargo de activos de PDVH.

HAY QUE REDOBLAR ESFUERZOS para detener el despojo y para lo cual he planteado dos vías que son: 1) demandar la nulidad por fraude procesal de las sentencias Ciadi. 2) a la par de la demanda de nulidad del Bono Pdvsa 2020 se debe ejercer accion penal por fraude ya que su emision no contó con la aprobacion de la AN a pesar de tratarse de su afectacion del patrimonio público como ese mismo Parlamento lo denuncio en su oportunidad. Para salvar a Citgo tenemos dos barreras por delante y para superarlas el tiempo y los recursos judiciales y políticos se agotan.

PRIMERA BARRERA: Las sentencias del Ciadi que se están ejecutando por ante la Corte de Delaware tienen un origen fraudulento com o lo he venido denunciando durante años. El fraude consiste en que en aquellos procesos de arbitraje la demandada República Bolivariana de Venezuela (RBV) no tuvo defensa legal, esa actividad la desempeño una persona que no tenía la cualidad que establece la Constitucion en sus artículos 247, 248 y 249.

En esa normativa en resumen se establece de manera taxativa que la representacion del país en la defensa de sus derechos e intereses corresponde un funcionario denominado Procurador General de la República, y que este debe ser nombrado por la actuación conjunta de dos de los poderes del Estado: el Legislativo y el Ejecutivo y allí quien ha aparecido ejerciendolo no tenía esa condicion, es decir la demandada RBV no tuvo defensa legal legítima en esos procesos. Tal cosa vició de nulidad absoluta todas esas sentencias.

Ese argumento que lo vengo proponiendo durante años ha sido ignorado y todavía debería llevarse ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos pues dichos laudos arbitrales son fruto del árbol envenenado que es una tesis juridica que prevalece aquí en EEUU: “Un hecho ilícito no genera consecuencias lícitas”.

ESTE ES UN TEMA MUCHO MAS LARGO, PERO POR AHORA HASTA AQUÍ, LUEGO SEGUIREMOS…