Carlos Ramírez López · 21 nov 2026
El sistema de justicia venezolano dejó hace mucho de administrar justicia. Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se convirtió en una de las herramientas más eficaces para perpetuarse en el poder: legalizó lo ilegal, persiguió a disidentes, anuló a la Asamblea Nacional de 2015 y, en 2024, "certificó" una proclamación presidencial sin actas que la respaldaran. Por eso cualquier transición digna de ese nombre pasa por rehacer el Tribunal Supremo de Justicia desde sus cimientos.
Eso es, en teoría, lo que se está haciendo. A raíz de la Mesa de Diálogo instalada el 6 de agosto de 2026, la Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Gaceta Oficial N° 7.074 Extraordinario, 15 de septiembre de 2026) y constituyó un nuevo Comité de Postulaciones Judiciales de 23 miembros: 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil. El Comité recibió 1.343 postulaciones y anuncia su lista final para el 11 de diciembre. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio ha trazado la secuencia: nuevos magistrados a mediados de diciembre, luego un nuevo CNE, y después la declaratoria de la falta absoluta y elecciones.
Pero basta mirar dos cosas —quién dirige el proceso y quiénes se están postulando— para entender que, tal como va, esta "renovación" amenaza con ser una nueva puesta en escena de lo mismo.
I. ¿Por qué la reconstrucción del Poder Judicial tiene que dirigirla un militar?.
El Comité de Postulaciones Judiciales lo preside Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, oficial de carrera de la Armada que llegó a ser su comandante general bajo el gobierno de Maduro, y que en ese cargo fue sancionado por el gobierno de Canadá junto a otros funcionarios del régimen. Al concluir su carrera militar pasó directamente a la política partidista: diputado del PSUV, designado por Diosdado Cabello en 2023 como "enlace territorial" del partido en Nueva Esparta, y cabeza de la lista del Gran Polo Patriótico por La Guaira en las elecciones parlamentarias de 2025.
No es la primera vez que se le encomienda escoger a quienes deben controlar al poder. En 2023 integró el Comité de Postulaciones Electorales del que salió el CNE que en 2024 proclamó a Maduro sin publicar actas. En abril de 2026 fue la voz del comité que evaluó a los aspirantes a Fiscal General y Defensor del Pueblo, y calificó aquel listado como "un trabajo serio, imparcial y apegado al derecho". Ahora preside, como ya lo hizo en procesos anteriores, el comité que preseleccionará a los magistrados del máximo tribunal. Es, en los hechos, el encargado de postulaciones del oficialismo: el mismo hombre ha tenido la mano en la escogencia de los árbitros electorales, del Ministerio Público y ahora del TSJ.
La pregunta es inevitable: ¿por qué un militar? Seleccionar jueces exige conocer el derecho, la carrera judicial y la ética de la función jurisdiccional, y Alessandrello no tiene antecedentes en el ejercicio de la abogacía. Hay algo más grave que la falta de formación. La cultura militar es la de la cadena de mando y la obediencia, mientras que la esencia de un juez es la independencia, que incluye la capacidad de decirle que no al poder. Es cierto que, como oficial retirado, la ley no le impide ser diputado. Pero confiar el rediseño del Poder Judicial a un almirante convertido en dirigente del partido de gobierno revela el criterio que sigue mandando: no se busca al más idóneo, se busca al más confiable para el partido. La Constitución, en su artículo 328, quiere una Fuerza Armada sin militancia política. Aquí ocurre lo contrario: un exjefe militar con militancia política termina decidiendo quiénes serán los jueces de la República.
II. Los mismos de siempre, haciendo fila para quedarse
El 20 de noviembre la Asamblea Nacional publicó el listado oficial de aspirantes. Según la agencia EFE, más del 80 % de los actuales magistrados se postuló para ser designado de nuevo. Diversos medios contaron al menos 19 magistrados principales y suplentes, actuales o recientes. Entre ellos están la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez —miembro de la Sala Electoral que convalidó la cuestionada reelección de Maduro en 2024—, y sus dos vicepresidentes, Elías Rubén Bittar Escalona y Tania D'Amelio Cardiet, esta última antigua rectora del CNE.
Esto es absurdo por donde se le mire.
Primero, porque contradice el propósito declarado del proceso. Si lo que se busca es renovar el tribunal, admitir como candidatos a quienes lo integran equivale a renovarlo con sus propios ocupantes. Nadie puede presentarse como la solución de un problema del que ha sido protagonista. Además, sobre buena parte de ellos pesan graves cuestionamientos por las decisiones que firmaron.
Segundo, porque es inconstitucional. El artículo 264 de la Constitución dispone que los magistrados serán elegidos "por un único período de doce años". La reelección no existe. Lo más revelador es que el propio Alessandrello lo dijo antes de abrirse las inscripciones: "Una vez que haya sido electa una persona para un período como magistrado, no puede nuevamente concursar para ser magistrado". Y sin embargo, su Comité recibió esas postulaciones y las incluyó en el listado oficial. O el presidente del Comité no cree en lo que dijo, o el Comité no obedece a su presidente. Cualquiera de las dos explicaciones descalifica el proceso.
Tercero, porque no es una novedad sino un patrón. En el proceso de 2022, Acceso a la Justicia ya había denunciado que treinta y ocho de los magistrados entonces en funciones se habían postulado. Aquella vez terminaron reciclados. La experiencia demuestra que, una vez que se abre la puerta, la mayoría parlamentaria se encarga del resto.
El mismo razonamiento debe extenderse más allá del TSJ. Desde 2003 no se celebran concursos públicos de oposición para ingresar a la judicatura. La inmensa mayoría de los jueces fue nombrada a dedo, como provisoria o temporal, y removible a voluntad por una "Comisión Judicial" que no tiene base constitucional. Quienes hicieron carrera en ese aparato —en especial en las presidencias de circuito, que han funcionado como verdaderas alcabalas— no llegaron allí por mérito sino por obediencia. Admitir sus postulaciones y además premiarlas en el baremo, que según Acceso a la Justicia favorece a quienes ocuparon cargos judiciales o de gobierno frente a los abogados de libre ejercicio, es asegurar que la estructura de control se reproduzca a sí misma. Una vez dado ese primer paso, la puerta queda abierta para que sean designados de nuevo y continúen allí.
III. Las demás fallas del proceso
A lo anterior se suman otros vicios que no pueden pasarse por alto:
• Una "mayoría civil" de papel. De los 11 diputados del Comité, 8 son oficialistas. Según Transparencia Venezuela, al menos dos de los 12 representantes de la "sociedad civil" tienen vínculos con el oficialismo, y fue la misma Asamblea la que los preseleccionó. Además, el artículo 270 de la Constitución concibe el Comité como un órgano de representantes de los diferentes sectores de la sociedad, no como una comisión parlamentaria. La presencia de diputados es en sí misma una desviación que la reforma no corrigió.
• Reglas ocultas. El reglamento interno del Comité no se ha publicado. El baremo destina 15 puntos a una entrevista sin indicadores objetivos, lo que deja margen para la discrecionalidad. Y el "Consejo de Verificación de Credenciales" de siete expertos no está previsto en la ley: nació de un acuerdo político y no se sabe qué peso tendrán sus opiniones.
• Un tribunal que se agranda a conveniencia. En 2022 el TSJ se redujo de 32 a 20 magistrados. En mayo de 2026 se volvió a ampliar a 32. Cambiar el tamaño del tribunal según la necesidad política del momento es la prueba más elocuente de que se le trata como un instrumento.
• Un tribunal para doce años, escogido antes de las elecciones. Una Asamblea de origen cuestionado va a designar magistrados por un período de doce años, que sobrevivirá a la transición y atará a cualquier gobierno legítimo que surja de ella. Lo más grave es la secuencia: el nuevo TSJ será el que conozca de la falta absoluta, del nuevo CNE y de las controversias electorales. Un órgano viciado en su origen no puede producir un tribunal sano: es el fruto del árbol envenenado.
• Prisa en lugar de rigor. Revisar más de mil expedientes, tramitar impugnaciones, verificar credenciales y entrevistar candidatos en las pocas semanas que quedan hasta el 11 de diciembre no es compatible con una evaluación seria. Cuando el calendario manda, lo que suele imponerse es el reparto de cargos.
IV. Lo que debe exigirse
No se trata de oponerse a la renovación del TSJ, sino de exigir que sea una renovación de verdad. Como mínimo:
1. Declarar inadmisibles, de plano, las postulaciones de quienes ya han sido magistrados del TSJ, principales o suplentes, en cumplimiento del artículo 264 constitucional y de lo dicho por el propio presidente del Comité.
2. Excluir a quienes hayan firmado o ejecutado decisiones de persecución política o de desconocimiento de la soberanía popular, en particular las sentencias contra la Asamblea Nacional de 2015 y la convalidación de 2024, y no premiar en el baremo la experiencia adquirida en cargos obtenidos sin concurso.
3. Publicar el reglamento del Comité, los puntajes individuales de cada aspirante y las actas del Consejo de Verificación, y transmitir públicamente las entrevistas.
4. Someter la designación final a una mayoría calificada de dos tercios, sin atajos de mayoría simple.
5. Condicionar la permanencia de los designados a la ratificación de una Asamblea Nacional surgida de elecciones libres.
6. Entregar la conducción del proceso a juristas de trayectoria reconocida e independiente, y no a un exjefe militar convertido en dirigente partidista.
Conclusión
Venezuela ha conocido ya varias "reformas judiciales", todas presentadas como la solución y todas terminadas en lo mismo: un Poder Judicial al servicio de quien manda. Esta vez el país no puede permitirse otra simulación. Si el resultado de este proceso es un TSJ presidido por las mismas personas, escogidas por un comité presidido por el mismo almirante y designadas por la misma mayoría, no habrá habido renovación sino una relegitimación. Y quienes desde la oposición y desde el exterior hayan avalado ese resultado tendrán que asumir su parte de responsabilidad.
